BALCONEANDO / ¡MURO DE LA DISCORDIA!

Por Alejandro Barañano

 

Ayer se dio a conocer que se continuarán con las diligencias del proceso administrativo que se realiza en contra de la construcción del muro que se edifica en la zona de Costa Azul, por lo que Cabildo, Sindicatura y Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal trabajan para que sea a través de la Dirección de Protección Civil de Los Cabos como se resuelva el asunto de manera definitiva.

Ahora bien, ante tal situación, Rosa Delia Cota Montaño –secretaria general del Ayuntamiento de Los Cabos-  junto con el área jurídica y regidores, informó que se ha tomado la determinación de clausurar definitivamente la obra, y que sea la Dirección Municipal de Protección Civil la instancia que ejecute la solicitud de demolición, ello por presentar un riesgo para la integridad de las personas al construirse en una zona de alto riesgo, además de no cumplir con la documentación necesaria en el proceso administrativo que se le imputa al desarrollador.

Pero este asunto trae mucha cola y para entenderlo debemos irnos por partes. Primero, fue durante el gobierno del entonces alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, cuando el Cabildo aprobó en la sesión ordinaria permanente No. 39 un Punto de Acuerdo donde se solicitaba la revocación de la concesión 01BCS105252/06EDDL10 que le fue otorgada a Hilario Vargas Espinoza para –según la justificación del gobierno municipal– se rescatará la superficie de 7 mil 028.11 metros cuadrados en el cauce del arroyo “Costa Azul” en Los Cabos.

Segundo, que desde un principio el proyecto que denominaron “Parques de Costas Azul”, tenía un hedor de corrupción por demás notoria. Uno, porque una empresa originaria aparentemente de Estados Unidos, y bajo fuertes sospechas de estar ligada a Narciso Agúndez Montaño, pretendía despojar a su propietario original bajo argucias legaloides, obvio para traficar con influencias y utilizar instituciones gubernamentales para conseguir su objetivo.

Y dos, porque levanto muchas suspicacias que una empresa creada en el año 2006 que no tenía intereses ni tampoco establecido ningún tipo de negocio por la zona, buscara afanosamente invertir en un supuesto parque y una obra de canalización sin obtener nada a cambio, lo que evidenciaba el gran interés que tenía el entonces alcalde –José Antonio Agúndez Montaño- de despojar de la concesión a Hilario Vargas Espinoza.

Lo más grave de todo esto es que, según consta, la compañía Tokase Propierties S. de R.L de C.V. habría sido inscrita en el padrón como concesionaria desde el 29 de agosto de 2011 con una vigencia de 15 añossegún el permiso DGZF-770/11-. Es decir, casi dos años antes de que se iniciará la revocación de la concesión de Hilario Vargas Espinoza, lo que dejaba entrever a todas luces lo turbio del asunto.

Sin embargo “Parques de Costa Azul” y su muro de contención finalmente no se realizó en aquella época, sobre todo cuando Luis Armando Díaz -candidato y alfil de Narciso Agúndez Montaño- perdiera la elección a gobernador de Baja California Sur en el año 2011.

Además tras ser perseguido y encarcelado por el delito de peculado Narciso Agúndez Montaño, el proyecto de la compañía Tokase Propierties S. de R.L de C.V se esfumó, y en un segundo intento, y bajo un nuevo concepto, el gran interesado en invertir resultó ser la compañía SBJG Propierties, S.A de C.V, llevando como representante legal a Jorge Gorraez Castro.

Ahí fue cuando nació una nueva intentona para edificar el muro de contención y la canalización del arroyo “Costa Azul”, el cual –supuestamente– sería construido en el predio identificado como Fracción B del predio mayor, conocido como paraje “Costa Azul”, con clave catastral 401-024-014-55 y una superficie de 4 mil 662 metros cuadrados.

Cuando apenas iniciaba la obra, la compañía SBJG Propierties, S.A de C.V. mostró sus verdaderas intenciones, y por ende estalló el escándalo por tomar indebidamente poco más de mil metros cuadrados del cauce del arroyo y la playa de “Costa Azul” ya que no estaba en el proyecto.

Lo anterior fue lo que generó una verdadera movilización de la sociedad en su conjunto, donde se registraron manifestaciones y marchas en la zona por el despojo más de mil metros cuadrado con intenciones muy distintas a la de edificar simplemente un muro.

Ahora, en un nuevo capítulo de esta historia, la Dirección de Protección Civil Municipal de Los Cabos realiza sus propios procedimientos administrativos, buscando deslindar con ello si existe alguna responsabilidad penal para hacer las denuncias correspondientes y en su momento, también consolidar la posible acreditación para demoler el muro de la discordia, ello llevando a cabo todos los pasos correspondientes, agotando todas las instancias y porque no, contando con la intervención de todas las autoridades competentes tanto locales como federales; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .

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