- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Rigoberto Mares Aguilar, anunció acciones legales tras revelarse que recursos para vivienda social fueron usados para fines políticos.
Redacción
El Partido Acción Nacional en Baja California Sur anunció que interpondrá denuncias legales ante las instancias correspondientes tras la revelación de una investigación periodística que señala un presunto desvío de 10 millones de pesos del Instituto de la Vivienda, ya que según los reportes, estos recursos etiquetados originalmente para programas de vivienda social en el estado, habrían sido desviados entre 2022 y 2023 para financiar actividades político-electorales a favor del partido Morena, específicamente para apuntalar aspiraciones presidenciales.
El mismo dirigente estatal albiazul calificó estos hechos como un acto grave de corrupción, señalando que la institución fue convertida en una “caja chica electoral”. La investigación apunta a que el dinero fue canalizado por instrucciones superiores, involucrando presuntamente a la exdirectora del INVI, Fernanda Villarreal González, y a personal del área financiera y donde hasta el momento existe solamente un detenido que ha señalado que las órdenes de movilizar el recurso provenían desde la cúpula del propio instituto.
La verdad detrás de este escándalo no solo es administrativa, sino profundamente social. Mares cuestionó directamente el impacto en la ciudadanía, planteando cuántas familias sudcalifornianas perdieron la oportunidad de recibir un apoyo para su hogar debido a este desfalco. El líder panista subrayó que el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío no puede mantenerse al margen, dado que el INVI es una dependencia que pertenece al Poder Ejecutivo estatal, por lo que la responsabilidad debe alcanzar a toda la cadena de mando.
El Instituto de la Vivienda ha sido históricamente una de las dependencias con mayor sensibilidad social en la entidad, operando con recursos estatales y federales para abatir el rezago habitacional en zonas vulnerables de La Paz, Los Cabos y el norte del estado. Antecedentes de auditorías pasadas han mostrado que la fiscalización en estas áreas suele ser rigurosa; sin embargo, este señalamiento de desvío para fines electorales marca un precedente negativo en la administración de la actual gestión de Morena.
Las estadísticas de vivienda en Baja California Sur reflejan una demanda creciente que no se ha podido satisfacer, lo que agrava la indignación por el presunto uso de 10 millones de pesos en campañas políticas. De confirmarse la declaración del detenido sobre las “instrucciones superiores”, la Fiscalía General del Estado y la Contraloría tendrían que ampliar sus líneas de investigación más allá de los mandos medios, afectando la percepción de integridad del gabinete estatal.
Finalmente, el PAN aseguró que no permitirá que el caso se cierre con un solo “chivo expiatorio”, por lo que la denuncia interpuesta buscará que se determinen responsabilidades penales y administrativas, exigiendo la restitución total del daño al fondo de vivienda.
