Por Ariel Vilchis
Al iniciar la semana también comienza la cuenta regresiva para que se lleve a cabo la Consulta Popular programada para el domingo primero de agosto y en la cual los ciudadanos de toda la república tendrán la oportunidad de ejercer un derecho consagrado en la carta magna de la nación.
De acuerdo a lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo la primera Consulta Popular a nivel federal.
Se trata de un mecanismo directo de participación, a fin de que la ciudadanía apruebe o rechace una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público.
En el caso particular de la consulta del próximo domingo, la pregunta que fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que estará en la papeleta será:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Serán 57 mil mesas receptoras y alrededor de 9 mil 630 los instructores asistentes para la Consulta Popular, así como 287 mil las personas escogidas entre los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla en la jornada electoral del 6 de junio pasado.
Cabe destacar que la consulta popular tiene como objetivo decidir si se lleva o no ante la justicia a quienes tuvieron la investidura de Presidente de la República desde 1988 hasta el 2018. Sin embargo, el resultado de la consulta sólo será vinculatorio, es decir, obligatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales “y para las autoridades competentes” cuando la participación total sea de al menos 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, lo cual significa que en esta ocasión deberán acudir a votar más de 37.4 millones de electores, algo que parece en primera instancia complicado.
De tal manera que más allá de las posturas a favor o en contra de la consulta, más allá de estar a favor o en contra de que se enjuicie a los ex presidentes, más allá de lo que pueda ocurrir después de que se lleve a cabo el ejercicio democrático de escuchar la voz de los ciudadanos, está el hecho de destacar que es un proceso apegado al marco constitucional que además es implementado por una autoridad capaz de ofrecer certeza acerca de la limpieza e imparcialidad del resultado como es el INE. La consulta popular es legal y democrática. ¿Y usted, ya está listo para ir a votar? Ya veremos qué sucede, es mi opinión, al tiempo…
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