Por Alejandro Barañano
Resulta que durante la administración que ejerció NONATO AVILÉS ROCHA en la empresa Exportadora de Sal, se “perdió” un avión ejecutivo que se utilizaba para el transporte de clientes y especialistas, y además a ello, se pagó casi la totalidad de un remolcador que no estaba construido ni tan siquiera a la mitad.
Curiosamente todo esto+ sucedió cuando GRACIELA MÁRQUEZ y TATIANA CLOUTHIER estuvieron en la Secretaría de Economía, y que hoy en día a través de la Dirección Jurídica de la empresa salinera se pretende pasar como “bola engañadora” ante los ojos de RAQUEL BUENROSTRO.
Pero vayamos por partes y comencemos con el asunto del “AVIÓN PERDIDO”, el cual era un Beechcraft con matrícula XB-GRN y cuyo evento más reciente está en la imputación que el 21 de junio pasado emitió el director de investigaciones de la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública, JORGE LUIS VARGAS, en contra del ex director general de ESSA, NONATO AVILÉS ROCHA, así como también en contra el director de administración, JESÚS MARTÍNEZ TORRES, el director de sistemas, LUIS ANTONIO CASTRO LERE y del gerente de adquisiciones, AARÓN SÁNCHEZ CASTILLO.
Estos cuatro personajes fueron acusados de falta grave —y que debe judicializarse— por algo tan torpe como fue el adjudicar en 2019 por asignación directa las reparaciones del dichoso “AVIÓN PERDIDO” con el taller CIRCLE AIR GROUP de San Diego, California, cuando legalmente —pues no había emergencia para la reparación— era obligatorio concursar el servicio.
Pero además de ello, lo fue también enviar allá el aparato volador sin contrato y sin autorización presupuestal, sobre todo cuando la cuenta fue por 2 MILLONES DE DÓLARES, dando como resultado no poder pagarlos, por lo que el se “perdió” ante el adeudo con todo y permiso de vuelo y el derecho de aeropuerto, y en eso hay cuando menos otros 7 funcionarios de EXPORTADORA DE SAL que están involucrados.
Por otra parte el asunto del remolcador es un poco más enredoso pero no menos demostrativo de cómo la corrupción sigue galopando al interior de la 4T. Y es que hablamos de la construcción de la embarcación AMC-775 CORMORÁN que no llegó a Chichicuilote pero que se pagó a los ASTILLEROS MARECSA casi en su la totalidad –84 por ciento– del CONTRATO ESSA-GAA-155-2019 valuado en 11.4 millones de dólares.
Sin embargo, y conforme al reporte de auditoría del 11 de febrero de 2020 efectuada por la SECRETARÍA DE MARINA, sólo existió un 38 por ciento de avance en la construcción del navío cuando éste supuestamente estaba por ser concluido de acuerdo con el OFICIO 106/2020.
ASTILLEROS MARECSA, firma sinaloense propiedad de GABRIEL DELGADO, ganó el concurso a finales del sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO con miras de entregar el remolcador al término del año 2019, siéndole facilitadas cinco modificaciones en el contrato para prorrogar casi un año más la entrega.
Además durante el proceso de ejecución, se realizaron pagos parciales sin existir comprobación de estimaciones tal y como expresó la AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN en el documento de cumplimiento 2019-2-10K2N-19-0368-2020-368.
Ante todo esto, la responsabilidad de los pagos en exceso –según la normatividad– recae nuevamente en quien fuera el director general de ESSA, NONATO AVILÉS ROCHA, así como con su director de compras AARÓN SÁNCHEZ. En tanto que la falta de rigor legal para detener actos indebidos, el daño patrimonial consecuente y la omisión de no denunciarlos ante la instancia correspondiente recae en la directora jurídica de ESSA, FELIPA QUIÑONEZ MÁRQUEZ.
Pero el chisme ahora es que NONATO AVILÉS ROCHA, por ser “entenado político” de VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO, y que además presume cercanías con MARCELO EBRARD y CLAUDIA SHEINBAUM, trae el mitote de que regresará de nuevo a tomar la conducción de ESSA, y por lo visto ya todo puede suceder; por lo que mejor quienes esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
