Por Alejandro Barañano
Recién caía la noche del pasado miércoles cuando la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, KARINA OLIVAS PARRA, recibió el Paquete Económico del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2025 de manos de BERTHA MONTAÑO COTA, quien aún es la titular Secretaria de Finanzas y Administración.
Al hacer entrega de la documentación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025, el Presupuesto de Egresos 2025 y la ampliación del Presupuesto de Egresos 2024 en sus versiones impresa y digital, BERTHA MONTAÑO COTA les dijo a los diputados presentes que era un PRESUPUESTO MESURADO con un crecimiento en promedio del 4 por ciento y que alcanza los 24 mil 960 millones de pesos.
Ante ello, la presidenta de la Mesa Directiva indicó que las propuestas se turnarían a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales que preside la diputada GUADALUPE VÁZQUEZ JACINTO, para que sean analizadas en consecuencia; y hasta ahí todo era dulzura, camaradería y muchos halagos entre los unos con los otros.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas como aparentemente quieren mostrarlo, pues en los primeros días de marzo del 2022, el gobierno de VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO finalmente publicó los Estados Financieros correspondientes al mes de enero de ese mismo año, y fue entonces cuando muchos nos percatamos de que en la nómina de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA estaba inflada en 500 millones de pesos, lo que dio pie para pensar que se estaba gestando un gigantesco manoteo sin que nadie hiciera nada al respecto.
Medio año después –pisoteando de modo vulgar la Ley de Transparencia– la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN dejó de publicar nuevamente los dichosos Estados Financieros, quizá para tratar de repartir de algún modo los 500 millones de pesos en la contabilidad de los siguientes meses para que no fuera tan notorio y obvio el asunto.
Sin embargo ayer jueves el CONGRESO DEL ESTADO presentó en una primera lectura la Cuenta Pública del año 2022 para su aprobación, y en ella se relató la manera en que se fue auditando el ejercicio de ese año.
Pero vayamos por partes para entendernos mejor, pues se dice que en la primera auditoría ejercida se encontró que se habían gastado la friolera de499 millones 392 mil pesos, o sea los casi 500 millones que mencionamos, ello sin conocer ni los contratos en los que se gastó ese dinero y sin saber tampoco si las compras se hicieron mediante licitación, invitación a proveedores o por medio de adjudicación directa. ¿MUY RARO, O NÓ?
Esos casi 500 millones de pesos de los que hablamos se citan con comprobantes de 749 proveedores que finalmente siguen sin aclarar un total de 314 millones 411 mil 967 pesos, y esto sólo es de una observación, la del RESULTADO DE EGRESOS No 16 en su página 60 del documento de Cuenta Pública 2022, que fue enviado al PODER LEGISLATIVO para su aprobación.
O sea que ello solamente es lo relacionado con una observación, pero son un total de 39 observaciones más las que están pendientes por aclarar y que en conjunto suman 679 millones 627 mil pesos, y donde lo peor de todo esto radica en que dos años después de haberse iniciado la auditoría no se ha aclarado absolutamente nada todavía. ¡QUIHÚBOLE!
Además de este mayúsculo escándalo, debemos recordar que la AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN encontró que el gobierno de BAJA CALIFORNIA SUR tiene pendiente por aclarar 2 mil 346 millones de pesos de ese mismo año del 2022. Luego entonces uno se pregunta: ¿Qué y cómo van a autorizaron el Paquete Económico del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2022, sin dejar en claro el asunto de los 500 millones faltantes de la Secretaría de Educación Pública?, y mucho menos los 2 mil 346 millones de pesos que detectó la AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN en el primer año de gestión de VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO; por lo que quien esto escribe mejor seguirá BALCONEANDO. . .
