Por Arturo Rubio Ruiz
La inteligencia artificial representa una transformación estructural en el ejercicio del derecho cuya aplicación en la práctica jurídica permite: Automatización de tareas repetitivas: La IA puede redactar borradores, revisar contratos, clasificar expedientes, y realizar análisis jurisprudencial, liberando tiempo para el razonamiento jurídico sustantivo. Análisis predictivo: Algoritmos entrenados con datos judiciales pueden anticipar tendencias jurisprudenciales, evaluar probabilidades de éxito procesal y apoyar en la toma de decisiones estratégicas. Acceso a la justicia: Las herramientas de IA facilita la orientación legal básica a poblaciones vulnerables, democratizando el conocimiento jurídico y reduciendo barreras de entrada.
Compliance y auditoría inteligente: En el ámbito corporativo y administrativo, la IA permite monitorear el cumplimiento normativo en tiempo real, detectar riesgos y generar alertas preventivas.
El uso de IA en el derecho plantea desafíos éticos, normativos y epistemológicos que los juristas deben abordar con rigor:
- Responsabilidad profesional: El abogado sigue siendo responsable de las decisiones jurídicas, incluso cuando se apoye en sistemas automatizados. La delegación a la IA no exime del deber de diligencia, ni del juicio crítico.
- Sesgos algorítmicos: Los sistemas de IA pueden reproducir o amplificar sesgos estructurales presentes en los datos. El jurista debe ser capaz de auditar, cuestionar y contextualizar los resultados ofrecidos por la máquina.
- Protección de datos y confidencialidad: El uso de IA exige un manejo escrupuloso de la información sensible, conforme a principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad y seguridad.
- Transformación del perfil profesional: Se requiere una nueva alfabetización jurídico-tecnológica. El jurista del siglo XXI debe comprender los fundamentos de la IA, su arquitectura normativa y sus límites operativos. La IA no sustituye al jurista, pero definitivamente redefine su rol: de operador técnico a estratega normativo, garante de derechos y mediador entre la innovación tecnológica y la justicia sustantiva. Su integración exige una praxis crítica, ética y multidisciplinaria.
MARCO REGULATORIO
México está en proceso de construir un marco normativo propio para la IA, con iniciativas que reflejan su diversidad cultural y sus desafíos estructurales.
La denominada Ley Federal para el Desarrollo y Regulación de la IA se encuentra en ciernes, y su proyecto contempla auditorías periódicas, clasificación de riesgos, filtros parentales, trazabilidad algorítmica y protección de grupos vulnerables.
A nivel constitucional se han presentado propuestas de reforma para modificar hasta nueve artículos de la Constitución, reconociendo la IA como fenómeno transversal en seguridad, justicia, salud y educación.
A propuesta del Ejecutivo federal, se trabaja en un proyecto denominado Laboratorio Nacional de IA, cuyo objetivo central es regular plataformas como ChatGPT y Gemini, y fomentar el desarrollo de tecnologías emergentes dentro de un marco ético y soberano
La colaboración público-privada resulta determinante, y en este campo a la vanguardia se ubica Querétaro, entidad donde se han instalado centros de datos con inversión internacional, lo que exige marcos de gobernanza robustos para evitar impactos negativos en comunidades y ecosistemas.
En síntesis, para los juristas, este panorama exige: Revisión constitucional y legislativa: armonizar derechos digitales, neuroderechos y soberanía tecnológica. Diseño de marcos de gobernanza algorítmica: con mecanismos de supervisión, trazabilidad y control jurisdiccional. Defensa de derechos fundamentales: ante decisiones automatizadas, sesgos algorítmicos o afectaciones a la privacidad y participación en procesos normativos: como expertos, asesores y garantes de legalidad en la implementación de IA.
