Por Luis Miguel Aragón
Mientras la población de Cabo San Lucas lidia con calles intransitables, basura acumulada, escurrimientos de drenaje, inseguridad y un servicio de agua potable cada vez más deficiente, al alcalde Christian Agúndez Gómez, con el aval del Cabildo, se le ocurre destinar más de 30 millones de pesos a las Fiestas Tradicionales del puerto.
Al parecer, para Agúndez, resulta más sencillo entretener -aunque sea por unos días- a los sanluqueños con el Buki, Los Dos Carnales, Pancho Barraza y Los Tucanes de Tijuana, que enfrentar los verdaderos problemas que aquejan a la ciudad. Pan y circo en pleno siglo XXI, con cargo al erario.
Eso sí, el alcalde se muestra “consciente” de la situación. Por ello, aclara que las fiestas durarán cinco días y no siete, como en años anteriores. Y que, para demostrar su sentido de igualdad, “esta vez nadie pagará por estar en primera fila”. Tal vez pretende que se le aplauda por semejante muestra de sensibilidad social.
Mientras tanto, en redes sociales los ciudadanos no cantan, sino reclaman: exigen que se prioricen los servicios públicos, que sus impuestos se inviertan en bacheo, limpieza, mantenimiento de vialidades e infraestructura, y no en conciertos millonarios que benefician a unos cuantos.
Gastar semejante cantidad en diversión cuando la ciudad se cae a pedazos no solo es una falta de criterio: es una ofensa a la inteligencia y a la necesidad de la gente. Acciones así deberían considerarse una forma de abuso del gasto público, porque el dinero de todos se dilapida para satisfacer los caprichos y la imagen política de uno solo.
En el fondo, todo parece parte de un acto desesperado por ganar simpatías y mantener con vida una carrera política que, más que avanzar, se hunde entre el lodo de los baches y el ruido de la música popular.
