Por Arturo Rubio Ruiz
De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías Y Fiscalías (IEDF), Baja California Sur ocupa el penúltimo lugar nacional, con un índice del 22.2% en transformación digital, que comparado con el 94.4% del primer lugar ocupado por Nuevo León, nos habla del grave atraso tecnológico que enfrenta en el Estado la aplicación de avances tecnológicos en materia de procuración de justicia.
A esa limitación técnica, se agrega el rango salarial más bajo en las entidades con vida cara, lo que se traduce en servidores públicos mal remunerados. A lo anterior se suma la ausencia de adecuación en el ejercicio profesional de los operadores del sistema de procuración de justicia, a los estándares nacionales (anexo 1) e internacionales (anexo 2).
La aplicación de estos estándares, son definitorios para la calificación y evaluación del desempeño de los operadores del sistema, que se traduce en más y mejores apoyos y acceso a fondos nacionales e internacionales indispensables para optimizar el servicio y mejorar los emolumentos salariales-
Procuraduría o Fiscalía de Justicia
El presupuesto estatal asignado es el tercero más bajo en el rango nacional, lo cual hace muy difícil alcanzar una excelencia operativa, sin el apoyo de instituciones y organismos internacionales que aportan recursos materiales, tecnológicos y capacitación permanente a las entidades de la República Mexicana, para lo cual es indispensable migrar de procuraduría de justicia a fiscalía estatal de justicia.
Somos el único Estado que se niega a esta migración, entre otras razones, porque las fiscalías son independientes, mientras que el procurador es un empleado subordinado y dependiente orgánica y presupuestalmente del gobernador. BCS debe adoptar una estrategia integral que combine interoperabilidad digital, capacitación institucional, y participación ciudadana para transformar la procuración de justicia con tecnología.
¿Por qué BCS está rezagado?
Fragmentación institucional: Sistemas no interoperables entre Fiscalía, Policía, Poder Judicial y Defensoría.
Infraestructura limitada: Falta de conectividad, equipos obsoletos y escasa inversión en software especializado.
Débil cultura digital: Poca capacitación en herramientas tecnológicas, resistencia al cambio y escasa evaluación de desempeño.
Ausencia de gobernanza tecnológica: No existe una unidad rectora que articule la transformación digital en justicia.
Presentamos una propuesta estructurada y viable para revertir el rezago tecnológico en Baja California Sur en materia de procuración de justicia:
DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
◆ Realizar un mapeo tecnológico de todas las instituciones involucradas en la procuración de justicia (Fiscalía, Policía Ministerial, Poder Judicial, Defensoría Pública).
◆ Identificar cuellos de botella en procesos clave: recepción de denuncias, integración de carpetas, judicialización, seguimiento de víctimas.
◆ Diseñar un Plan Estatal de Transformación Digital con metas medibles, presupuesto multianual y enfoque interinstitucional.
DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS CLAVE
◆ Implementar el Informe Policial Homologado Móvil (IPH Móvil) como lo hizo Quintana Roo, para que policías registren hechos en tiempo real desde dispositivos móviles.
◆ Integrar sistemas de gestión de carpetas digitales que permitan trazabilidad, interoperabilidad y control de tiempos procesales.
◆ Automatizar la recepción de denuncias con plataformas web y kioscos digitales, apoyados por IA para clasificar delitos y orientar jurídicamente al ciudadano.
USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA
◆ Adoptar sistemas de IA para análisis predictivo de patrones delictivos, priorización de casos y detección de corrupción institucional.
◆ Utilizar algoritmos para asignación eficiente de recursos humanos (ministerios públicos, peritos, policías) según carga de trabajo y urgencia.
◆ Desarrollar tableros de control en tiempo real para monitorear desempeño institucional y cumplimiento de plazos legales.
CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
◆ Invertir en infraestructura de ciberseguridad, especialmente en protección de expedientes digitales, comunicaciones interinstitucionales y datos sensibles de víctimas.
◆ Capacitar al personal en manejo ético y seguro de la información, conforme a estándares nacionales e internacionales.
CAPACITACIÓN Y CAMBIO CULTURAL
◆ Formar a operadores jurídicos en competencias digitales, incluyendo manejo de sistemas, firma electrónica, y análisis de datos.
◆ Crear incentivos institucionales para la adopción tecnológica, vinculando desempeño con uso efectivo de herramientas digitales.
◆ Promover una cultura de innovación y mejora continua, con laboratorios de justicia digital y espacios de co-creación con sociedad civil.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
◆ Desarrollar portales de seguimiento ciudadano de denuncias, procesos y sentencias, con lenguaje claro y accesible.
◆ Incorporar mecanismos de retroalimentación digital para evaluar el servicio de procuración de justicia y detectar áreas de mejora.
◆ Fomentar alianzas con universidades, ONGs y sector privado para co-desarrollar soluciones tecnológicas y evaluar impacto.
FINANCIAMIENTO Y GOBERNANZA
◆ Aprovechar fondos federales y multilaterales destinados a justicia digital, como los previstos en el presupuesto tecnológico nacional.
◆ Crear una Unidad Estatal de Justicia Digital que coordine la implementación, evaluación y escalamiento de soluciones tecnológicas.
◆ Establecer indicadores públicos de avance tecnológico, comparables con otras entidades, para fomentar rendición de cuentas.
INDICADORES DE ÉXITO SUGERIDOS A TRES AÑOS
Փ % de carpetas digitalizadas: 90%
Փ Tiempo promedio de integración de carpeta: -50%
Փ % de denuncias recibidas digitalmente: 60%
Փ Índice de satisfacción ciudadana: +30%
Փ Casos priorizados por IA: 100% Delitos Graves
COROLARIO
La migración de procuraduría a fiscalía es inobjetable. La modernización tecnológica es inaplazable. Mientras más retrasemos el proceso, más costoso será el mismo.
