- La diputada Karina Olivas Parra impulsa una iniciativa para reformar el Código Penal en Baja California Sur para combatir la violencia familiar.
Redacción
La diputada Karina Olivas Parra, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, presentó ante la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los artículos 200 y 201 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.
El objetivo principal de esta propuesta es fortalecer las políticas públicas y los mecanismos legales para la prevención y persecución del delito de violencia familiar en la entidad.
La iniciativa se centra en tres reformas sustanciales, donde se propone que el delito de violencia familiar se investigue y persiga de oficio, en lugar de requerir una querella (denuncia de parte). Esta medida busca combatir la impunidad generada por la “cifra negra” y el miedo de las víctimas, quienes a menudo otorgan el perdón por amenazas, lo que actualmente imposibilita la acción del Estado.
Se establece además un aumento de las penas en una mitad en su mínimo y máximo para los delitos contenidos en el capítulo de violencia familiar cuando la víctima se encuentre en alguna de las siguientes condiciones: sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho y también se busca imponer la pérdida de los derechos que tenga el agresor respecto de la víctima. Esto incluye la pérdida del derecho a pensión alimenticia y la pérdida de los derechos de carácter sucesorio.
La diputada Olivas Parra argumentó que Baja California Sur enfrenta un problema preocupante de violencia familiar, destacando estadísticas alarmantes con corte al 30 de septiembre de 2025: Sexto lugar en llamadas de emergencia por incidentes de violencia de pareja a nivel nacional. Tercer lugar en la tasa de lesiones dolosas contra mujeres. Quinto lugar en la tasa de violencia familiar.
Finalmente la legisladora enfatizó que transformar la persecución del delito a oficio es actuar en consecuencia con la visión de que la protección a la familia es de orden público y de interés general.
