Por Luis Miguel Aragón
La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no es un debate teórico ni un ajuste administrativo lejano. En Baja California Sur, la iniciativa tiene efectos concretos: redefine quién manda, quién acompaña y quién estorba.
El discurso oficial insiste en la austeridad, en acabar con “excesos” y en devolverle el poder al voto ciudadano. Pero en estados con pocos distritos, congresos reducidos y equilibrios frágiles, recortar financiamiento y eliminar contrapesos no fortalece la democracia: la adelgaza. Aquí, cada curul no es un lujo, es un punto de equilibrio.
. El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México saben que sin plurinominales y con menos recursos, su papel pasará de aliados necesarios a figuras decorativas. Por tanto, la inconformidad no es ideológica; es aritmética pura.
Mientras que, MORENA observa desde la comodidad del control político. Desde donde gobierna la agenda pública. En un sistema que apuesta todo al voto directo y reduce espacios de negociación no le estorba: le limpia el camino. No se trata de competir mejor, sino de competir solos.
La oposición local enfrenta su prueba más dura. El Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, si pasa la Reforma, deberán hacer campañas con menos dinero, menos estructura y menos margen de error. En un escenario así, el voto directo no es cancha pareja: es cuesta arriba. De por sí, el partido en el poder arrancará la contienda con una ventaja desmedida.
El cierre es incómodo, pero necesario. Alcaldes, legisladores locales y liderazgos que hoy guardan silencio saben que la reforma no busca equilibrio, busca orden (por no decir sometimiento). Y el orden, en política, casi siempre beneficia al que ya gobierna.
En Baja California Sur no se está discutiendo cuánto se ahorra, sino cuánto poder se concentra. Y cuando eso ocurre, la factura no la pagan los partidos: la paga la pluralidad.
