- Resolvió la Justicia de la Unión no amparar ni proteger a Óscar Leggs Castro en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, esto por los razonamientos jurídicos precisados la sentencia.
Redacción
Por el presunto delito de abuso de autoridad por simulación, el ex alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro fue vinculado a proceso al considerar que hay elementos de prueba que lo involucran en un desfalco al erario por poco más de 14 millones de pesos.
Ante ello, en audiencia la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Baja California Sur, presentó el caso en el que se encuentran otros involucrados también, como el ex tesorero, José Martín Talamantes -ya vinculado a proceso- quien refirió que en el año 2022, el entonces alcalde -hoy imputado- habría autorizado el pago a un empresa para que gestionara un crédito para el Ayuntamiento, pero nunca ocurrió este trámite, y aun así se le pagó la suma de 14 millones 170 mil 650 pesos.
Tras revisar las pruebas, el juez de control decretó auto de vinculación a proceso en contra del exalcalde por el delito que está previsto y sancionado en el Código Penal de Baja California Sur en el artículo 276. Sin embargo la Justicia de la Unión no amparó ni protegió a Óscar Leggs Castro en contra de los actos reclamados por las autoridades responsables, ello y a pesar que tramitó el amparo 1287-2025, esto por los razonamientos jurídicos que se precisaron en la sentencia.
La decisión fue fundada con apoyo en los artículos 74, fracciones I, II, III, IV, V y VI, y 79, fracción Vl, todos ellos basados en la Ley de Amparo, por lo que se le notificó personalmente al ex alcalde y por oficio a las autoridades responsables.
Así lo resolvió Carlos Arturo Rivero Verano, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, y dentro de las investigaciones y señalamientos por este caso, las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción han fijado la mirada en dos funcionarios que no han podido ser vinculados a proceso debido a que gozan de fuero constitucional la diputada Alondra Torres García, y el subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado, Ariel Castro.
La misma Fiscalía Anticorrupción expuso que ambos están implicados debido a que Alondra Torres fungió como síndica municipal y Ariel Castro como secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, justo cuando se firmó la autorización de pago a la empresa financiera.
Hasta el momento, ninguno de los involucrados en el caso ha respondido a los señalamientos que les ha hecho la Fiscalía Anticorrupción; únicamente el ex alcalde de Los Cabos se ha mantenido su postura con críticas en contra de la actual Administración Municipal, como medida de quererse establecer como perseguido político.
