Por Arturo Rubio Ruiz
Es alarmante el índice de impunidad que alcanza la criminalidad en nuestro País. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, durante el periodo encuestado, la denominada cifra negra alcanzó un 93.3% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación ni procedimiento indagatorio alguno. En otras palabras, de los 27.6 millones de delitos cometidos, 25.75 millones de ellos no fueron denunciados y, por ende, no se investigaron y mucho menos se persiguieron y sancionaron.
La cultura de la denuncia no forma parte del acervo ciudadano. El temor a las represalias, la desconfianza en las autoridades encargadas de prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos, el costo en tiempo y esfuerzo que implica el procedimiento de denunciar y dar seguimiento a una carpeta de investigación, y los magros resultados en materia de justicia penal, son las principales causas por las cuales los mexicanos no denunciamos. Y en el pecado llevamos la penitencia, porque la falta de denuncia es el campo de impunidad propicio para el ejercicio de la criminalidad, y el pretexto perfecto para que las persecutoras justifiquen su incapacidad – y en muchos casos- su complicidad con el quehacer delictivo.
La encuesta, en comento precisa, que la gente no denuncia porque no tiene confianza en la autoridad, tiene miedo de exponerse a ser extorsionada, considera que denunciar es una pérdida de tiempo, que el trámite es largo y difícil, o bien, tiene miedo al agresor, el delito lo considera de poca importancia o, de plano, por no tener prueba alguna. Mucho del desánimo para quienes logran brincar la barrera de la inacción y se atreven a denunciar, radica en la pobreza de resultados brindados por las instituciones encargadas de integrar las carpetas de investigación y los jueces a cuyo cargo está la imposición de sanciones.
Así también, la encuesta dice que, de los pocos casos en que hubo denuncia y se inició carpeta de investigación, en el 48.4% de los casos el asunto terminó en el archivo, es decir, no se resolvió la denuncia, en el 27.0% seguía en trámite, el 5.9% recuperó sus bienes, en el 3.8% hubo reparación del daño, el 2.8% otorgó el perdón y el resto se desconoce el resultado.
A efecto de abatir los altos índices de impunidad y para fomentar la denuncia, se ha implementado en los diferentes órdenes de gobierno, mecanismos tendientes a fomentar, promover, facilitar y eficientar la denuncia anónima.
Denunciar en forma anónima, es hacer del conocimiento de la autoridad receptora, sin aportar la identidad del denunciante, la existencia de un hecho con apariencia de delito. Se conoce como Notitia criminis y es el conocimiento que tiene la autoridad de un hecho realizado o en proceso de realización, que resulta detonante suficiente para que, a partir de la comprobación de la veracidad de la información generada, y a partir de ello activar el mecanismo de reacción e iniciar las actuaciones propias de la contención y combate del delito.
Pese a que, la denuncia anónima no tiene valor probatorio como tal, si resulta eficaz como generadora de datos de prueba y punto de partida para la acción de reacción y contención policial, cuya actuación si genera datos y medios de prueba que pueden ser eficazmente utilizaos como fuente de prueba en juicio, y así, constituirse en verdadera herramienta de combate a la impunidad que hoy por hoy campea en nuestro País.
Es así que, en Baja California Sur, desde el 10 de enero del año en curso, contamos con un servicio de denuncia anónima 089 a nivel Estado, homologado con el Servicio de Denuncia Anónima 089 federal, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP). Aunque el servicio tiene fallas, es perfectible y con el ejercicio de participación ciudadana, podemos convertirlo en una herramienta eficaz para el combate y abatimiento de la impunidad ante el embate de la criminalidad en nuestra Entidad.
