Por Alejandro Barañano
En su edición de antier, Diario “El Independiente” dio a conocer la existencia de una carta abierta que le fue remitida al gobernador VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO por parte de MARÍA JULIA MARRÓN FIOL, una mujer que vive de la delegación municipal de Miraflores y que describió en su misiva la serie de injusticias que están sufriendo los oriundos de las rancherías conocidas como EL CIRUELO por parte de empresas extranjeras que solo buscan adueñarse del territorio sudcaliforniano simple y sencillamente para hacer negocios.
Pero cabe aclarar que desde hace muchos años atrás –desde diciembre del 2017 para ser exactos– dimos a conocer en este mismo espacio un MILLONARIO FRAUDE FISCAL orquestado por parte de bancos españoles, pues desde aquella fecha habían dejado de pagar algo así como 150 millones de dólares en impuestos federales y alrededor de 6 millones de dólares a las arcas municipales de Los Cabos.
Toda esta historia comenzó el 15 de agosto de aquel año, cuando fue constituida en la Ciudad de México una Sociedad Anónima denominada “FAMTUNES”, ello con un capital social de apenas 50 mil pesos y que en menos de dos meses dicha compañía se apersonó en Cabo San Lucas por medio de quien se decía su apoderado JOAQUÍN ARMANDO SÁNCHEZ TAPIA –abogado que vivía en la colonia Obrera de la Ciudad de México– para adquirir un predio turístico de mil 830 hectáreas –o sea, 18 millones 300 mil metros cuadrados– y que conllevaba consigo más de dos kilómetros de hermosas playas.
Lo curioso es que la operación de compraventa se dio bajo un absurdo precio de 10 millones de dólares; y si digo que es un precio era absurdo es porque el predio en cuestión tenía un valor de al menos veinte veces más, por lo que se cree que la operación mercantil debió responder a una planeación fiscal para ahorrarse los impuestos correspondientes. ¿ASÍ O MÁS CLARO?
Para entendernos un poco mejor, resulta que el predio denominado “VINORAMAS” es un espacio de excepcional belleza para la construcción de un desarrollo turístico, pues está encuadrado en la zona de mayor plusvalía de SAN JOSÉ DEL CABO, esto junto a varios exitosos desarrollos y muy cerca del parque natural de mayor atractivo del destino turístico CABO PULMO.
La operación realizada en aquel entonces fue por demás oscura, y por eso levantó muchas suspicacias y sospechas, pues el predio fue vendido por la FAMILIA OLACHEA PALACIOS –o sea el ex-presidente municipal Miguel Ángel Olachea Palacios y su hermana Patricia– en una millonaria cantidad cuando el destino turístico de la zona austral apenas comenzaba su lanzamiento.
Ante esto y a pesar del tiempo transcurrido, se siguen dando una serie de interrogantes a las que nadie ha podido o quiero responder. Por ejemplo: ¿Cómo un abogado totalmente desconocido que vivía en la colonia Obrera de la Ciudad de México tuvo acceso a tan semejante operación? ¿Cómo fue que convenció a dos bancos españoles para invertir en un predio no anunciado en tan solo una veinteava parte de su precio real? ¿Quién se llevó entonces la tajada más grande de dinero? ¿Los dos bancos españoles? ¿O quizás algunos funcionarios de dichos bancos con sus respectivas comisiones?
Pero ahí no paró la cosa, pues otra enorme propiedad fue vendido por la sociedad mercantil denominada “INMOBILIARIA PIEDRA BOLAS” que era representada por JORGE MERCADE DURA y ANDRÉS RUBÉN CASTILLO HERNÁNDEZ a “SIX FUND”, un consorcio dirigido por LUIS RAÚL LIZÁRRAGA DURÁN, a un precio de 5.5 millones de dólares, es decir lo equivalente a 60 centavos de dólar el metro de aquella época.
Mientras tanto un tercer latifundio fue trasferido por “INMOBILIARIA PIEDRA BOLAS” a “TURISMO ITZÉ”, representada por JORGE DOMÍNGUEZ DEL PINO e IVÁN BALDASANO RAMÍREZ, por un precio de 45 millones de dólares, o sea el equivalente a 11 dólares por metro cuadrado. ¡QUIHÚBOLE!
Luego entonces para poder hacer todas estas operaciones de compraventa de bienes raíces seguramente tuvo que haber complicidades tanto de funcionarios de los tres órdenes de gobierno como de peritos valuadores. Luego entonces no queda duda que hubo dependencias oficiales coludidas, o tal vez un Catastro Municipal –de aquella época– bien maiceado. A ciencia cierta no lo sabemos, por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
