Por Arturo Rubio Ruiz
El 31 de octubre de 2003, en Mérida, se firmó la UNCAC, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y entre sus principales postulados, se destaca la importancia de la prevención, como herramienta invaluable en la lucha contra la corrupción, cuyo planteamiento debe basarse en enfoque integral, multidisciplinario y contando siempre con la participación ciudadana como principal aliado de las instituciones y organismos públicos legalmente constituidos para enfrentar la lucha anticorrupción.
Actualmente, es el único instrumento universal y jurídicamente vinculante contra la corrupción, y en el planteamiento toral establece como áreas prioritarias las siguientes: prevención; criminalización y aplicación de la ley; cooperación internacional; recuperación de activos; la asistencia técnica y el intercambio de información.
En principio, corresponde al sector público establecer todos los programas y acciones tendientes a prevenir y combatir la corrupción, pero ninguna entidad pública puede alcanzar un nivel óptimo de resultados, sin contar para ello con la participación de actores no estatales, esto es, particulares que desde el sector privado, ya sea en forma individual o colegiada, a través de organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones académicas, contribuyan proactivamente en las labores de prevención y combate a la corrupción.
En este ámbito, la convención establece la figura de los llamados alertadores. En el caso de México, la Secretaría de la Función Pública ha implementado un programa de ciudadanos alertadores, a través de la plataforma alertadores, donde podemos participar los ciudadanos para alertar respecto de actos graves de corrupción, en los que se encuentren involucradas personas servidoras públicas federales.
En esta plataforma podemos alertar con relación hechos con apariencia de cohecho, peculado y/o desvío de recursos públicos. La plataforma garantiza en todo momento el anonimato de las alertas, la confidencialidad de las comunicaciones y la identidad del alertador.
Entre los objetivos de esta plataforma, destacan:
Facilitar que la ciudadanía y personas servidoras públicas puedan comunicar alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos, sin sufrir represalias.
Garantizar la confidencialidad de las comunicaciones.
Proteger el anonimato cuando así lo decida la persona alertadora.
Servir de herramienta en el combate a la corrupción e impunidad.
Para que sea eficaz la alerta, debemos seguir las siguientes directrices:
+ Describe de manera concisa los hechos para facilitar la identificación de los actos que se alertan. La narración debe responder —en la medida de lo posible— a las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
+ Aporta la mayor cantidad de datos de identificación de la persona servidora pública que presuntamente se encuentra involucrada.
+ Nombre de la dependencia o entidad en la que ocurrieron los actos.
+ Proporciona —en su caso— elementos probatorios a tu alcance, tales como documentos, fotografías, escritos, memoria de audio y/o video.
+ Envías tu alerta a la plataforma y el sistema genera un código para que puedas dar seguimiento a tu alerta.
Es importante nuestra participación en el combate a la corrupción, y el formato de alertadores nos garantiza el anonimato que nos permite evitar ser víctimas de represalias.
