Por Arturo Rubio Ruiz
De acuerdo con el informe presentado en enero de 2022 por Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (aquí), México se ubica en el lugar 124 de los 180 países evaluados, con 31 puntos en una escala donde 100 significa cero corrupción, México aparece al mismo nivel que Níger, Gabón y Papúa en Nueva Guinea, muy lejos de Finlandia, Dinamarca y Nueva Zelanda, que encabezan la lista con 88 puntos.
Seguimos siendo el país peor evaluado en materia de combate a la corrupción, de los 38 que integran Organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE (www.oecd.org ), y en el G-20 (https://g20.org), que es el principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las veinte economías más importantes del mundo, tanto de países desarrollados, como de economías emergentes, nuestra nación se ubica en el lugar 18 en materia de combate a la corrupción.
Si bien es cierto que, la corrupción es un mal añejo en nuestro país, con raíces que algunos estudiosos ubican desde la época colonial, y que incluso algunos la consideran como parte natural de nuestro sistema de administración pública, también es cierto que se trata de un problema erradicable, y que la promesa de combate a la corrupción, como bandera propagandística electoral, fue pilar en la campaña que hoy tiene al frente de la administración pública al actual presidente del ejecutivo federal, y a nivel local, otorgó la gubernatura y la mayoría calificada en el Congreso local a la alianza partidista que enarbola lo que ellos llaman la cuarta transformación como estandarte ideológico en Baja California Sur.
Pese a las altas expectativas generadas por la actual administración estatal, no vemos en el futuro inmediato ningún plan de acción que permita suponer que efectivamente el combate a la corrupción sea una realidad en la entidad. A la fecha, no hay un solo imputado enfrentando a la justicia por cargos relacionados con actos de corrupción. Ni una sola acción se ha emprendido contra quienes saquearon el erario.
Los principales responsables de la inactividad en el combate a la corrupción son los actuales diputados locales, que han convertido la diputación en una mera beca de financiamiento trianual a sus campañas personales de acceso a cargos públicos de mayor remuneración económica.
Prometieron una fiscalía anticorrupción, con patrimonio propio y autonomía administrativa y decisoria. En lugar de eso, nos endilgarán en fecha indeterminada, un fiscal sin fiscalía, sin autonomía, sin patrimonio, dependiente del Procurador de Justicia estatal. Es decir, tendremos otro burócrata más que solo engrosará la nómina del Estado.
Prometieron encarcelar a quienes saquearon el erario estatal en los últimos seis años, y en lugar de emprender acciones congruentes a ese afán sancionador y resarcidor, han pactado con el protector de los dos gobernadores anteriores, quienes sostuvieron al actual presidente del Tribunal de Justicia estatal, para que protegiera sus intereses. En lugar de remover al pernicioso funcionario judicial que inconstitucionalmente lleva once años seis meses continuos e ininterrumpidos en el cargo, le dan el visto bueno para que permanezca en el encargo hasta el 2024, tiempo suficiente para proteger a sus corruptos empoderadores, pues recordemos que algunas acciones persecutoras fenecen en un corto plazo, tras el cambio de administración pública estatal.
En otras palabras, los actuales diputados, al permitir que el actual presidente del Tribunal Judicial permanezca en el encargo, garantizan la impunidad del gobernador anterior y su camarilla, sellando así un pacto de no persecución judicial entre quienes entregaron el poder estatal y quienes lo ejercen actualmente.
Siendo Baja California Sur una entidad que por sus características geográficas económicas y sociales podría ser estandarte a nivel nacional en el combate a la corrupción, se encuentra actualmente inmersa en ella, por la complicidad, complacencia, incapacidad e ignorancia de quienes detentan el poder, en particular, nuestros diputados.
Poco o nada se hará en Baja California Sur para combatir la corrupción si seguimos dejando en manos de políticos altamente corruptibles, dicha tarea. Nos toca como gobernados, exigir la ciudadanización de la contraloría en el ejercicio del gasto público, y, sobre todo, la transparencia en el manejo de los recursos públicos, pues es la opacidad el principal refugio de la corrupción.
