Por Arturo Rubio Ruiz
Aunque BCS cuenta con el reconocimiento oficial por tener uno de los menores indicadores de corrupción a nivel nacional según ENCIG-INEGI, diversos casos recientes evidencian que persisten prácticas corruptas que afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES):
Conflictos de interés y favoritismo institucional: Funcionarios públicos de los tres niveles, vinculados a empresas privadas han sido acusados de desviar recursos públicos y beneficiar a contratistas afines.
Trámites opacos y discrecionalidad administrativa: Las PYMES enfrentan obstáculos burocráticos, pagos indebidos y demoras injustificadas en permisos, licencias y contrataciones públicas.
Corrupción en sectores estratégicos: El gremio transportista denunció corrupción en la Dirección de Transporte, afectando el acceso equitativo a concesiones y rutas.
Desconfianza institucional: La percepción de impunidad y falta de sanciones genera un entorno de inseguridad jurídica que desalienta la inversión local.
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Para abatir la corrupción en el Estado, es necesario implementar medidas estructurales y operativas desde la administración pública para combatir la corrupción que afecta a las PYMES, entre las cuales estimamos como de mayor urgencia y relevancia las siguientes:
TRANSPARENCIA Y DIGITALIZACIÓN
- Implementar plataformas públicas de trámites y licitaciones con trazabilidad y auditoría ciudadana.
- Publicar en tiempo real los criterios de asignación de contratos, subsidios y permisos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
- Crear unidades anticorrupción independientes con facultades de investigación y sanción.
- Profesionalizar el servicio público mediante concursos abiertos y evaluaciones periódicas.
REFORMA NORMATIVA
- Revisar y armonizar leyes locales con estándares internacionales de integridad pública.
- Establecer sanciones más severas por corrupción que afecte a sectores productivos vulnerables.
PROTECCIÓN A DENUNCIANTES
- Crear mecanismos seguros y anónimos para denunciar extorsión o abuso de autoridad.
- Garantizar que las denuncias tengan seguimiento judicial y administrativo.
FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL
- Incluir a representantes de PYMES en comités de vigilancia de obra pública y gasto gubernamental.
- Establecer mesas de diálogo permanente entre gobierno y sector productivo.
De manera complementaria y accesoria, es imperativo que se emprendan acciones desde la sociedad civil para proteger a las PYMES frente a la corrupción:
OBSERVATORIOS CIUDADANOS
- Crear observatorios locales que documenten irregularidades en contrataciones, trámites y servicios públicos.
- Publicar informes periódicos que visibilicen patrones de corrupción y sus impactos.
REDES DE DEFENSA EMPRESARIAL
- Formar alianzas entre PYMES para compartir información, asesoría legal y estrategias de protección.
- Promover cláusulas anticorrupción en contratos privados y públicos.
EDUCACIÓN CÍVICA Y LEGAL
- Capacitar a empresarios en derechos administrativos, mecanismos de denuncia y ética empresarial.
- Impulsar campañas de cultura de la legalidad en medios locales y redes sociales.
LITIGIO ESTRATÉGICO
- Emprender acciones legales colectivas contra actos de corrupción que afecten al sector.
- Colaborar con organizaciones jurídicas para llevar casos emblemáticos ante tribunales y organismos internacionales.
INCIDENCIA POLÍTICA
- Promover reformas legislativas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas.
- Participar activamente en procesos electorales y exigir compromisos anticorrupción a candidatos.
COROLARIO
La lucha contra la corrupción no es una consigna abstracta: es una tarea urgente y concreta que exige voluntad política, vigilancia ciudadana y compromiso ético. Defender a las PYMES es defender el futuro económico, democrático y ambiental de Baja California Sur.
No hay desarrollo sin justicia. No hay justicia sin transparencia.
