Por Arturo Rubio Ruiz
La renuncia al cargo, presentada y admitida al actual procurador de justicia estatal, obliga al titular del ejecutivo a emitir el nombramiento en favor de quien habrá de cubrir la vacante, siendo para ello necesario el aval del Congreso del Estado.
Pese a que en la entidad tienen vigencia los principios constitucionales de equidad, paridad y alternancia, entre las propuestas que se ventilan en los medios de comunicación locales, se habla mayoritariamente de candidatos de sexo masculino, cuando los principios invocados establecen que el encargo habrá de recaer indefectiblemente en profesionista de sexo femenino.
Son recurrentes las menciones de diversos profesionistas, todos ellos con experiencia y aval académico suficientes para cubrir la vacante, pero son en su mayoría de sexo masculino.
Pese a que en los corrillos judiciales se mencionan hasta a 5 posibles candidatas, todas ellas con los requisitos y características necesarias para cubrir el perfil necesario, a los medios de comunicación solo trasciende el nombre de dos mujeres, cuando en realidad, la expectativa debería enfocarse exclusivamente en candidatas y no en posibles sucesores de sexo masculino.
Esta tendencia se alimenta con el silencio del gobernador sobre el tema, que debería acallar las especulaciones y definirse sobre su obligación, -que además fue promesa de campaña-, de ajustar sus designaciones a los principios de equidad, paridad y alternancia.
O bien el gobernador no piensa cumplir, y espera que la opinión pública abrace la idea de que son los varones más aptos al encargo, o solo está jugando con las expectativas de los opinólogos que promueven a los probables elegibles de sexo masculino.
En cualquier caso, es en este momento que el feminismo estatal, el auténtico, debería movilizarse ante el ejecutivo, el Congreso y los medios de comunicación, exigiendo el cumplimiento de la alternancia al nombrar titular de la Procuraduría, y no esperar al 08 de marzo de 2026 para pintarrajear muros y gritar consignas de reproche.
El silencio feminista ante esta expectativa refleja el nivel parvulario del movimiento en la entidad, y acusa el control oficial de los grupos que simbólicamente se expresan de cuando en cuando, y sin mayor énfasis.
No llegaron todas, y las que llegaron, al menos en Baja California Sur, se encuentran -salvo honrosas excepciones,- gozando de las mieles del cobijo presupuestal, y guardan respetuoso silencio ante la inminente violación de los principios constitucionales ya invocados, al momento en que sea nombrado otra vez un varón como procurador de justicia en el Estado.
