Por Arturo Rubio Ruiz
El Congreso local de nueva cuenta fue escenario de un desaseado y burdo procedimiento mediante el cual operó de facto la ratificación de un magistrado judicial cuyo periodo base de seis años en el encargo, concluyó recientemente.
El procedimiento de ratificación para un segundo y último periodo de seis años más en el cargo se inició en tiempo, cuando el interesado así lo solicitó ante el Congreso local.
Se trata de un magistrado que llegó al cargo sin contar con carrera judicial, y cuyo mayor mérito para ser inicialmente designado, fue el haber sido empleado incondicional del entonces gobernador en turno; y si bien ostenta un doctorado, el mismo corresponde a una especialidad académica muy lejana al quehacer jurisdiccional que le fue encomendado, lo que establece la falta de idoneidad para el cargo.
Cuestionar lo antes apuntado es ya a estas alturas anacrónico, pero si es un reflejo de la obsoleta normatividad que regula la asignación y ratificación de magistrados, que sigue privilegiando el amiguismo, el compadrazgo, la filiación, y en algunos casos, la complicidad.
De vuelta al proceso legislativo de ratificación, las cosas empezaron mal desde que la solicitud fue turnada a una comisión a la que no le correspondía conocer de la misma, y aunque posteriormente se turnó a la que por normatividad le correspondía, el desaseo quedó evidenciado.
El dictamen que se presentó finalmente resultó contrario a la solicitud de ratificación, pues concluyó con la determinación de NO RATIFICAR al magistrado, pero por la mínima diferencia fue votado en contra, suscitándose así un imprevisto en la norma, pues el procedimiento es muy claro para la designación de magistrado, pero existe un vacío en cuanto hace a la ratificación, ya que no se precisa en la norma constitucional si se debe contar con mayoría simple o mayoría calificada para ello. No concluyó entonces el procedimiento con una resolución clara y precisa respecto a que el magistrado haya sido o no, ratificado. Parece juego de palabras, pero es la triste realidad de nuestro sistema legal estatal en la materia.
Este tipo de lagunas legales forman parte del enorme rezago legislativo que arrastra la presente legislatura, pues están pendientes de armonizar, actualizar y adecuar una enorme cantidad de disposiciones normativas, desde 1996 a la fecha, pero como esta legislatura solo atiende cuestiones relacionadas con la ruidosa minoría privilegiada del arcoíris, el rezago legislativo continuará, y vacíos e inconsistencias legales como la que hoy comentamos, permanecerán en perjuicio de la legalidad y la certeza jurídica en el Estado.
No está prevista la ratificación de facto en nuestra Constitución, tan es así, que requiere una solicitud expresa del interesado y un procedimiento específico, pero en el caso, ante la nefasta combinación de vacíos legales e ignorancia supina de nuestros legisladores, tenemos hoy en el Tribunal Superior de Justicia, un magistrado ratificado sin haber sido ratificado legalmente.
A partir de la próxima resolución judicial que emita el multi referido, la sombra de la nulidad acompañará sus decisiones, y bastará con que un abogado avezado en materia de nulidad lleve el caso ante la Corte, para que en cascada se genere un aluvión de incertidumbre respecto a la legalidad de las sentencias que bajo las circunstancias planteadas sean emitidas.
Y finalmente apuntamos, que al menos dos diputados debieron excusarse de conocer del procedimiento de ratificación en comento, uno que fue a prisión como consecuencia de la acusación que en su contra presentará el jurídico del Estado, entonces a cargo del hoy magistrado, y el diputado que es hijo de otro de los implicados en el mismo caso. Si bien este último no estaba obligado legalmente a excusarse, por decoro debió hacerlo.
En resumen: no sabemos si fue o no fue legalmente ratificado el magistrado de marras, y queda claro que la actual legislatura, es la peor que ha llegado al Congreso de Baja California Sur, integrada -salvo un par de honrosas excepciones- por una caterva de ignorantes desfachatados que solo atienden a intereses facciosos, que usan la diputación como mero trampolín político y que se encuentran al servicio incondicional de la minoría privilegiada.
