Por Arturo Rubio Ruiz
Justicia Cívica es la institución pública que busca prevenir, contener, atender, solucionar, y eventualmente sancionar los conflictos derivados de la convivencia social en cotidianeidad, priorizando siempre la solución pacífica, sancionando en su caso las infracciones antisociales, buscando siempre la solución del conflicto, la reparación del daño y la armonización de los factores generadores de la controversia social. Esta función se ejerce a través del denominado juez cívico, que es el funcionario a cuyo cargo se encuentra esta labor.
Un juez cívico en La Paz percibe, aproximadamente, 24 mil pesos mensuales, lo cual es una buena noticia, pues estos ingresos están ligeramente por encima de la media nacional. Pero más allá del salario, el cargo representa una enorme responsabilidad social. Todos los días toman decisiones que afectan directamente la libertad, la dignidad y la convivencia de las personas. No es un trabajo de escritorio, es una función pública que ocurre en tiempo real, con personas reales y conflictos reales.
Depende de la Dirección de Prevención del Delito y Justicia Cívica, que forma parte del Ayuntamiento y depende directamente de la Presidencia Municipal. Esto es clave, porque garantiza que el juez cívico no esté subordinado a la policía, sino que sea una autoridad imparcial que revisa la legalidad de cada detención y protege los derechos humanos de las personas que son presentadas ante el juez cívico.
El modelo de justicia cívica que actualmente se aplica, comenzó formalmente en noviembre de 2021, cuando se publicó el Bando de Policía, Buen Gobierno y Justicia Cívica en vigor. Desde entonces, La Paz dejó atrás el viejo modelo punitivo de barandilla y adoptó un sistema moderno, basado en mediación, justicia restaurativa y prevención del delito.
1.- Conforme a la convocatoria publicada recientemente, para optar por una de las vacantes ofertadas para el cargo de juez cívico en La Paz, los requisitos son:
- Ser ciudadano o ciudadana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
- Tener 25 años cumplidos el día de su designación;
2.- Demostrar la capacidad para desempeñar el cargo mediante la aprobación de los exámenes y evaluaciones correspondientes;
- Ser Licenciado en Derecho, con título y cedula profesional y tener por lo menos un año de ejercicio profesional;
- Conocimiento amplio del modelo nacional de Policía y de Justicia Cívica;
- Diplomado, Congreso, Taller o cualquier otro, con valor curricular en materia de mediación y conciliación;
3.- Conocimientos sobre derechos humanos y justicia cívica y conocimientos del sistema penal acusatorio;
- No haber sido sentenciado por delitos cometidos contra la mujer y/o la familia, o encontrarse demandado por incumplimiento de las obligaciones alimenticias, ni suspendido o inhabilitado por responsabilidad administrativa.
- No encontrarse en investigación por causa administrativa, gozar de buena conducta.
- A quienes aspiren al cargo en la Delegación Municipal de Todos Santos, deberán residir ahí
4.- Gozar de buena reputación y reconocida honorabilidad, y disponibilidad de horario.
Es inevitable comentar que actualmente existen más requisitos para ser juez cívico que para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, tras la defenestración que el oficialismo hizo del extinto Poder Judicial Federal. Esperemos que la próxima legislatura federal reconstituya la Corte y se privilegie la carrera judicial, el profesionalismo, la autonomía y la independencia en la administración de justicia.
Regresando al tema que nos ocupa, para ser juez cívico paceño, lo más importante es contar con la licenciatura en Derecho, cédula profesional, nociones del sistema penal acusatorio, conocimientos en derechos humanos y en mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero —sobre todo—, se necesita vocación, capacidad de escuchar, firmeza ética y sensibilidad social. Un juez cívico no sólo aplica la ley, ayuda a reparar el daño social que deja un conflicto.
En mi experiencia como litigante, apuntando sobre el tema, considero que el mayor logro tras la implementación de la justicia cívica, ha sido el humanizar la justicia.
Quienes concurren ante el juzgado cívico no única ni necesariamente reciben una sanción; reciben una explicación, una audiencia, una posibilidad de mediación y, muchas veces, una alternativa como trabajo comunitario o componente terapéutico.
He podido constatar que se ha logrado resolver diversos conflictos comunitarios y evitar que escalen a escenarios de violencia que indefectiblemente devienen en delitos.
Va caminando bien el sistema de justicia cívica, pero aún hay mucho que hacer.
Se necesita más infraestructura, más personal y fomentar mas la cultura cívica. La gente todavía está aprendiendo que la Justicia Cívica no es castigo, es una oportunidad para corregir conductas y reconstruir el tejido social. También es indispensable seguir profesionalizando al personal, porque este sistema exige un alto nivel técnico y humano.
En este proceso, la participación ciudadana es fundamental. La Justicia Cívica no funciona sin la comunidad. Vecinos, familias, escuelas, asociaciones comerciales y de profesionistas, ya que son aliados en la prevención del conflicto. La paz pública no se impone desde un juzgado, se construye con la corresponsabilidad de todos.
La Justicia Cívica es de la comunidad. Es el espacio donde la ciudad puede detenerse, mirarse y decidir convivir mejor. Cada conflicto resuelto fortalece a la sociedad en el municipio, presupuesto básico para la paz social que todos anhelamos.
