Por Arturo Rubio Ruiz
El pasado 25 de noviembre se llevó a cabo en el recinto legislativo sudcaliforniano el denominado Primer Parlamento de Mujeres del Estado de Baja California Sur 2022, bajo el lema para atender y escuchar las voces de ellas.
El objetivo central del ejercicio de participación ciudadana era abrir un espacio de expresión que generara propuestas tendientes a conformar una agenda legislativa con perspectiva de género, en busca de alcanzar y fortalecer la igualdad sustantiva.
Escuchamos en el foro generado, diversos planteamientos formulados desde la tribuna, la mayoría con enfoque ideológico, cargadas de buenas intenciones y nobles propósitos, pero infortunadamente poco viables en el terreno de la concreción. Abundaron los discursos declarativos y extrañamos los postulados propositivos.
Tal vez faltó a los organizadores brindarles a las participantes información previa y acompañamiento a fin de que los planteamientos resultaran en auténticos proyectos de iniciativa de modificación o adecuación de las leyes sudcalifornianas que se cristalizaran más allá de una simple exposición de motivos.
Sin demeritar el aporte de las participantes en general, la única propuesta que nos parece de contenido específico y de factible concreción en una reforma de ley que realmente brinde una oportunidad efectiva al sector femenino de incorporarse al sector de servicios -compitiendo en auténticas condiciones de igualdad-, fue la formulada por la representante del segundo distrito.
Evangelina Castillo Hirales, planteó la urgente necesidad de reformar la Ley de Transporte de Baja California Sur, adecuándola a los compromisos y postulados suscritos por México en tratados internacionales en materia de igualdad, no discriminación y equidad de género, aplicables en el proceso del otorgamiento de permisos y concesiones.
Y es que el gremio de los prestadores de servicios de transporte en el Estado es el club de Tobi, donde la presencia femenina solo se percibe en los servicios secretariales y de acompañamiento. Explicó la ponente que, del total de 480 concesiones otorgadas y vigentes, ninguna es para las mujeres que laboran al volante de unidades motrices dedicadas al transporte, tanto de pasajeros como de carga.
Refirió la naciente organización femenina denominada, Gremio Rosa Movilidad BCS, una sociedad cooperativa integrada por trabajadoras del volante, quienes ejerciendo el derecho de asociación pugnan por el otorgamiento de permisos y concesiones de las diferentes modalidades de prestación de servicios de transporte en la entidad, como conductoras en plataformas y aplicaciones tecnológicas.
A través de un pronunciamiento, pidió se les permita hacer del transporte un autoempleo seguro para el sustento de sus familias, en situación de igualdad respecto de sus símiles masculinos.
Demandó el reconocimiento y la tutela estatal del derecho que tienen a migrar de operadoras a titulares de una concesión, tal y como sucede con los operadores masculinos.
La parlamentaria, expuso las razones por las cuales el Estado debe reconocer y garantizar la operatividad del Gremio Rosa Movilidad, B.C.S., Sociedad Cooperativa, como una opción para mujeres, con apego a la Ley de Transporte, respetando la igualdad para hombres y mujeres que se benefician de los permisos y concesiones.
El reconocimiento gremial femenino es indispensable, para proteger a las auténticas trabajadoras del volante, y debe plasmarse en la ley, para evitar la simulación que ya se está gestando al seno de las organizaciones de transportistas locales, que están poniendo como titulares de algunas concesiones, a hijas, sobrinas o esposas, sin que ellas sean auténticas operadoras del volante, una burda simulación que además denigra a las mujeres que serán utilizadas como prestanombres, con la finalidad de aparentar que ellas tienen participación en el ejercicio de explotación comercial de las concesiones, tratando de burlar así, la legítima pretensión de las mujeres que se desempeñan día a día, laborando al volante de las unidades de transporte.
La propuesta específica de reforma a la ley estatal de transporte se incluyó en el punto de acuerdo que por unanimidad aprobaron las participantes del parlamento.
La lucha de estas valientes mujeres del volante apenas inicia, enfrentando una pendiente cuesta arriba en el proceso de reconocimiento y ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad. Esperan contar con el respaldo del Congreso a través del compromiso concertado de reformar la Ley de transporte que les permita competir en condiciones de igualdad con el gremio masculino, y confían en que el gobernador del Estado cumplirá su promesa de campaña, de apoyarlas en este proceso y de aplicar la paridad de género en el otorgamiento de las concesiones de transporte, tal y como exige la paridad sustantiva y la equidad de género que enarbola como bandera la presente administración pública estatal.
