Por Arturo Rubio Ruiz
A pesar de que Baja California Sur es considerada como una entidad segura, atendiendo a la percepción de visitantes y residentes, ello obedece a que los delitos de alto impacto que laceran otras entidades, como ejecuciones y enfrentamientos con armas de grueso calibre entre grupos criminales y las fuerzas federales, no ocurren en nuestro Estado, pero ello no opaca el hecho de que los índices de criminalidad en la entidad mantienen un nivel constante al alza, destacando entre los delitos que más laceran a la ciudadanía, los relacionados con la violencia doméstica (intramuros y por ende alejada de la percepción del colectivo urbano), abuso sexual, extorsiones y la afectación patrimonial derivada del robo a casa habitación y el robo de autopartes.
A diferencia de la violencia extrema que padecen otras entidades, en Baja California Sur, los delitos de elevada incidencia son, en términos generales, prevenibles y combatibles desde el ámbito local, y la constante tendencia alcista de los índices de criminalidad en el Estado es un indicativo de la incapacidad oficial en materia de prevención, disuasión y detección del delito.
Carecemos en la esfera institucional, de auténticos policías de vocación y carrera profesional, en los altos mandos policiales, que se han reservado a representantes de las fuerzas castrenses, que no necesariamente conocen la realidad de la entidad, ni cuentan con el perfil para el encargo.
A nivel local es tradicional la incapacidad de las corporaciones policiales en materia de prevención y detección del delito. En el ejercicio de las políticas públicas sobre la materia, se prioriza la compra de vehículos e insumos, en lugar de la inversión en capacitación del estado de fuerza, generando así cuerpos policiales ineficientes, mal pagados, y altamente corruptibles.
Se ha recurrido a la federación, en busca de apoyo y solución, pero el aporte recibido se traduce en un incremento significativo de fuerzas castrenses que, a un alto costo para el contribuyente, no han alcanzado las expectativas que su presencia generó entre los gobernados.
Necesitamos urgentemente un plan de acción que responda a la problemática de inseguridad que nos agobia, y la respuesta está en la inteligencia. Debe el ejecutivo estatal ajustar su programa de seguridad pública, con un enfoque prioritario en la prevención, detección y disuasión del delito.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostiene que no hay fenómeno que constituya condición necesaria o suficiente de la violencia y el delito, pero sí factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las sociedades. Entre éstos identifica la abundancia de jóvenes marginalizados y la urbanización desordenada (factores demográficos); familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores económicos); la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Entre las deficiencias institucionales, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos identifica la falta o debilidad de los organismos de conducción política de la seguridad ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y la carencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno ejerza la conducción y administración del sistema policial. Esto conlleva a que la población considere que el Estado no puede o no quiera enfrentar adecuadamente la delincuencia, y que la impunidad de los perpetradores afecta la reiteración del fenómeno.
Necesitamos encargar la solución del problema, a los verdaderos profesionales de la materia. Y si no hay en el Estado, traerlos, aunque no sean afines al grupo en el poder.
Debemos romper el círculo vicioso de incompetencia, incapacidad, complacencia, corruptelas y complicidad entre los grupos criminales y las fuerzas del orden, poner al frente de las corporaciones a policías de carrera, expertos en la materia, y a partir de los planes y programas ya establecidos por los organismos internacionales, elaborar un diagnóstico real y objetivo, a partir del cual se emprenda un proyecto integral interinstitucional, multidisciplinario, focalizado en especialización y especificación, con metas a inmediato, mediano y largo plazo, priorizando la prevención, disuasión y detección del delito, y abrir mayores espacios a la participación ciudadana, fomentando la organización vecinal e incorporando a la ciudadanía en programas efectivos de prevención del delito.
