Por Arturo Rubio Ruiz
Las estadísticas oficiales en materia de criminalidad no siempre son referente preciso de la realidad que se vive en la entidad. En el caso concreto, hablamos del delito de usurpación de identidad, coloquialmente denominado robo de identidad, el cual, no figura estadísticamente en los registros oficiales. De hecho, a la fecha, en Baja California Sur no se ha iniciado ningún proceso penal por este delito.
Oficialmente entonces, no se comete este delito en Baja California Sur, pero en la realidad, atendiendo a la cifra negra, a la información que publica la banca mexicana y a los reportes ciudadanos en redes sociales, se trata de una figura delictiva de alta incidencia, que afecta principalmente el patrimonio de personas de la tercera edad.
El robo de identidad se tipifica en el Código Penal del Estado bajo el rubro de usurpación de identidad, y se define como usurpar, suplantar a otro con fines ilícitos, para ejercer un derecho que legítimamente pertenezcan a otro o de apropiamiento de la identidad de otra persona (artículo 363) y por equiparación, (artículo 364) se define, de manera confusa y cantinflesca bajo tres supuestos:
Al que, utilizando medios telemáticos o informáticos, valiéndose de alguna manipulación informática o de intersección de datos, accese a base de datos automatizadas no autorizadas y lleve a cabo el empleo no autorizado de datos personales o suplante identidades y obtenga un lucro indebido para sí o para otro;
A quien transfiera, posea o utilice sin autorización datos de identificación de otra persona con la intención de cometer o favorecer cualquier actividad ilícita; y
Al que asuma, suplante, se apropie, o utilice a través de internet o cualquier sistema informático, o medio de comunicación la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca.
No existe ningún precedente de aplicación de estas normas en la entidad, por lo que no ha sido evidenciado en la práctica, la deficiente técnica legislativa con que fue creada esta norma. Es imperativo que nuestros diputados revisen este capítulo del Código penal, antes de que se genere impunidad, derivada de la imprecisa descripción de los tipos penales que previene.
Para frenar el incremento en la incidencia de este delito, desde 2015, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) implementó un sistema de consulta interno, denominado Sistema de Operaciones de Robo de Identidad, que aglutina toda la información de usuarios de la banca que reportan haber sido víctimas de robo de identidad, y que puede ser consultado por el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Condusef, y -con autorización judicial-, por todas las autoridades investigadoras y persecutoras del País. El objetivo primario es prevenir y combatir en los usos bancarios, el robo de identidad.
Pese a los esfuerzos oficiales y de la iniciativa privada, la cifra de delitos relacionados con el robo de identidad avanza al alza, y ubica a nuestro país como el octavo a nivel mundial en este delito.
Los dispositivos digitales aparecen en el listado estadístico como el principal generador de robos de identidad, afectando mayoritariamente a los usuarios de la banca cuya edad supera los sesenta años, estimándose que las personas de la tercera edad son más susceptibles de ser víctimas de este delito, por estar menos relacionados con el manejo seguro de sus datos personales en la internet.
Con el propósito de evitar ser víctima de este delito, el Banco de México recomienda seguir este decálogo:
No ingresar nombres de usuarios y contraseñas en sitios desconocidos.
Evitar compartir información financiera.
Eliminar los correos electrónicos que soliciten información personal.
Mantener actualizado el software antivirus y antispyware.
Navegar únicamente en páginas electrónicas que tengan certificados de seguridad.
Destruir los resúmenes de tarjetas de crédito, los comprobantes de cajero automático, las boletas de depósito de los bancos y las solicitudes de crédito.
En caso de tener que enviar cheques o pagos de cuentas es mejor llevarlos a la oficina de correos o depositarlos en un buzón seguro.
Presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente en caso de haber extraviado documentos personales.
Evitar proporcionar datos personales mediante encuestas telefónicas.
Para detectar operaciones irregulares es necesario revisar constantemente los estados de cuenta.
