- El borrador del dictamen se socializará con el Poder Judicial previo a su presentación en el próximo periodo ordinario de sesiones, aseguró el diputado José María Avilés.
Redacción
Las comisiones legislativas del Congreso del Estado de Baja California Sur avanzan en la dictaminación de las reformas a la denominada “Ley 3 de 3” contra la violencia.
Tras una mesa de trabajo de las comisiones parlamentarias de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, de Transparencia y Anticorrupción, y de Igualdad de Género, se integró la comisión de asesores parlamentarios para la elaboración del dictamen.
El presidente de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, diputado José María Avilés Castro informó que la siguiente semana, la comisión iniciará la redacción del dictamen, el cual se afinará con el cuerpo de asesores, para posteriormente ponerse a consideración en la siguiente mesa de trabajo con los poderes Judicial y Ejecutivo.
Dijo que en este par de semanas las comisiones trabajarán para tener un dictamen para presentar en el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo mes de marzo.
Cabe recordar que la iniciativa se relaciona con un decreto vetado por la administración pasada del Gobierno del Estado y que la nueva propuesta implica que las personas quienes tengan antecedentes de responsabilidad de violencia intrafamiliar, lesiones, violación, acoso o de ser deudor o deudora alimentario, queden imposibilitados para contender u ostentar un cargo público.
También busca imposibilitar a quienes tengan antecedentes en los delitos de ciberacoso, hostigamiento, feminicidio, violencia vicaria, violencia política y otros.
En esta mesa de trabajo se avanzó en cómo quedará la redacción de la legislación correspondiente al Registro de Deudores Alimentarios. Tomando en cuenta los aspectos del cómo ingresar, la temporalidad, reincidencia, de que no existe un Registro Nacional de Deudores o de morosos de pensiones alimenticias.
Así como también se contemplaron las opiniones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a que el estipular como requisito de candidatos a puestos de elección popular o de cargos por designación, el no tener antecedentes penales, puede ser discriminatorio.
