- Las acciones se intensificaron tras la publicación del decreto presidencial donde se prohíbe su comercialización.
Redacción
A través de las verificaciones que efectúa en diversos establecimientos comerciales y de servicios, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lleva a cabo esfuerzos continuos para retirar vapeadores y cigarros electrónicos de la venta al público al ser productos que incumplen con lo dispuesto en la Ley General para el Control de Tabaco.
Como resultado de este trabajo que se desarrolla con apoyo de instituciones como la Guardia Nacional, la dependencia estatal ha retirado alrededor de mil artículos de este tipo, informó su titular José Manuel Larumbe Pineda, al mencionar que estas acciones se reforzaron tras la publicación del decreto presidencial emitido el pasado 31 de mayo que prohíbe la circulación y comercialización de estos productos en territorio nacional.
El médico resaltó el apoyo que los organismos federales de seguridad pública brindan mediante la vigilancia de servicios de paquetería, que ha sido fundamental para retener envíos que contienen productos de tabaco calentado como son los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, así como las soluciones y mezclas para su uso.
También Larumbe Pinena añadió que de acuerdo a revisiones hechas por autoridades sanitarias a nivel nacional, estos productos contienen sustancias tóxicas que se encuentran a veces en niveles más altos que en el humo del tabaco en combustión, como el glicidol, piridina, trisulfuro de dimetilo, acetoína y metilglioxal, e incluso presentan otras que contienen los cigarros, con lo que se eleva el riesgo para la salud de las y los fumadores y de las personas que involuntariamente son expuestas al humo.
En este sentido el titular de COEPRIS convocó a la población para que evite consumos que generan diversas afectaciones a su organismo y que por tanto pueden reducir su expectativa y calidad de vida, al puntualizar que las y los ciudadanos pueden denunciar a los establecimientos que tengan a la venta este tipo de productos o que incurran en otras irregularidades sanitarias.
