- El delito oficial en materia administrativa con el que se acusa al ex titular de Informativa de Finanzas y Administración, es la presunción de enriquecimiento oculto, que es una falta administrativa grave y la cometió el pariente político del gobernador, esto al falsear u ocultar información en la declaración patrimonial o de intereses.
- Ahora por instrucciones del Ejecutivo estatal, se pretende defenderlo desviando la atención hacia otras áreas de gobierno, esto a pesar de que Juan Ignacio Rivas González era quien controlaba todos los datos administrativos antes de que las deudas fueras pagadas.
Mesa de Redacción
La investigación que fue abierta por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y ahora también por la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, según la carpeta LPZ-2329/2026, en contra del extitular de Informática de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, Juan Ignacio Rivas González, sigue arrojando más información de sus pillerías.
Sin contar con las múltiples propiedades en zonas de lujo, vehículos a nombre de familiares que van arrojando las investigaciones, la Contraloría General del Estado estaba enterada del caso desde principios del año 2025, pero no podían proceder por instrucciones del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, pues el hoy imputado es su ahijado y protegido.
Según se supo, en la Secretaria de Finanzas muchos sabían cómo hacía sus tratos y simplemente los jefes lo ignoraban, pues los programas administrativos de informática que él diseñó fueron vendidos al propio gobierno, esto según una fuente de la misma dependencia.
Ante ello, el ex funcionario fue separado del cargo luego de habérsele incautado dos vehículos de lujo valuados en alrededor 8 millones de pesos, incluida una camioneta Mercedes Benz AMG del tipo SUV de ultra lujo, valuada en alrededor de 4.9 millones.
La información que se ha compartido desde la Secretaría de Finanzas y Administración, es que detectaron más de 100 millones de pesos en cuentas bancarias que no coinciden con sus actividades profesionales del ahijado del gobernador, esto ya que las cuentas que no fueron declaradas y ya están bajo investigación del fiscal Anticorrupción, Lenin Emiliano Ortiz Amao.
Según los datos brindados por la Fiscalía Anticorrupción, esta investigación para que pueda llegar a su judicialización, podría tardar por lo menos tres meses para que sea llevada ante el juez de control, razón por lo cual Víctor Manuel Castro Cosío pretende salvar a toda costa a su ahijado.
Esto se deriva porque Juan Ignacio Rivas González era quien tenía el control de la base de datos, y eso lo utilizaba para realizar descuentos antes de realizar los pagos correspondientes, descubriéndose ahora que se trataba de una red de corrupción que operaban para realizar condonaciones de descuentos, pero como las cosas se le salieron de control al “pariente incómodo” del gobernador, ahora buscan a toda costa canalizar el asunto a otras áreas ajenas al desfalco que realizó.
