Por Alejandro Barañano
El CONGRESO DEL ESTADO anunció hace unos días atrás que en breve se estará aplicando una auditoría externa a quien ha sido considerada la peor Legislatura en Baja California Sur, y en donde sus diputados, esos que pasaron sin pena ni gloria, serán revisados exhaustivamente por la empresa contratada exprofeso para ello –BHR México– calculando que en un lapso no mayor de medio año se tendrán los resultados para deslindar responsabilidades y proceder jurídicamente en contra de quien o quienes resulten responsables de los abuso y desmanes que se cometieron con el presupuesto que manejaron.
Ante ello, vale la pena recordar que quienes forman parte de la HISTORIA NEGRA DEL PODER LEGISLATIVO, fueron mayoría absoluta de MORENA, mismos que resultaron auténticos protagonistas de lujos, excesos, pleitos, confrontaciones, robos y desvíos de recursos públicos.
Desde su llegada a sus respectivas curules, esos diputados que presumían ser dignos representantes del “CAMBIO VERDADERO” utilizando el escudo de la Cuarta Transformación, se despacharon con la cuchara grande con singular soltura, tan así que noventa días después de que tomaron protesta aprobaron un ingreso extraordinario de 20 millones de pesos para el ejercicio fiscal del año 2019, rebasando por mucho el techo financiero original que era de 214 millones a 234 millones de pesos.
Curiosamente ese peculio extraordinario nunca fue etiquetado, pero fueron los mismos legisladores quienes corrieron la versión de que sería utilizado para el pago de laudos, dinero –que según justificaron—“se usaría bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
Luego el calendario marcaría el 3 de octubre del 2019, fecha en la que se descubrió que parte de los 20 millones de pesos antes comentados habían sido destinados para el pago de bonos bimestrales y bonos trimestrales de los mismos legisladores, de tal modo que resultó que los diputados locales recibían 100 mil pesos cada dos meses y otros 100 mil pesos cada tres meses. En suma, se embuchacaron un millón de pesos cada uno de ellos por año solo por concepto de bonos. ¡QUIHÚBOLE!
Lo anterior, fue independiente de su salario que oscilaba en los 173 mil pesos mensuales. O sea 88 mil pesos por concepto de sueldo y dietas, 35 mil pesos por apoyos asistenciales, otros 40 mil pesos por fondo de ahorro y 10 mil pesos más para su gasolina.
Pero ahí no paró la cosa, pues los tristemente célebres diputados locales tenían un presupuesto adicional asignado para “GASTOS DE REPRESENTACIÓN” y “APOYOS ADICIONALES”, por lo que obtenían ingresos superiores a los 243 mil pesos mensuales, utilizando como se podrá apreciar el presupuesto público como si se tratara de un patrimonio personal, comprando y pagando discrecionalmente incluso vuelos de avión para amigos y familiares, esto sin fundar ni motivar los viajes realizados.
Tal fue el caso de los diputados RAMIRO RUIZ FLORES, CARLOS VAN WORMER RUIZ, SANDRA MORENO VÁZQUEZ, MARCELO ARMENTA, PERLA GUADALUPE FLORES VALENZUELA, LORENIA LINETH MONTAÑO RUIZ, MARÍA PETRA JUÁREZ MACEDA y JOSÉ LUIS PERPULI DREW.
Y es que lo que llamó poderosamente la atención de esto es que muchos de esos BOLETOS DE AVIÓN fueron solicitados en los meses de junio, julio y agosto –o sea, en pleno periodo vacacional– encontrando que algunos de esos REPUDIADOS EX LEGISLADORES LOCALES aprovecharon su cargo y su fuero para financiar viajes no solo a familiares directos y amigos, sino hasta para la madre de quienes en esos días eran las parejas sentimentales, todo claro con cargo y costo al erario público. Otra vez: ¡QUIHÚBOLE!
Ojala que el actual presidente de la Comisión de Cuenta y Administración, LUIS ARMANDO DÍAZ, ya con los resultados en la mano, llegue hasta las últimas consecuencias en contra quien o quienes resulten responsables, pues muchos seguridad tenemos que la auditoria que está por aplicarse va a mostrar que si hubo DESORDEN ADMINISTATIVO y FINANCIERO en la mal recordada y tristemente célebre LEGISLATURA PASADA; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
