Por Alejandro Barañano
Dicen los que saben que pronto en el CONGRESO DEL ESTADO se darán los primeros pasos para develar los múltiples desaseos financieros que cometieron sus homólogos de la pasada legislatura, tan así que aseguran que están por elegir al despacho contable que se hará cargo de la tan esperada auditoría.
Y es que se tienen muchísimas evidencias sobre la indebida actuación que hubo por parte de los implicados en el asunto, o sea EX DIPUTADOS LOCALES que diseñaron rutas financieras para adjudicarse recursos públicos a su favor bajo el amparo del poder.
Como ejemplo tenemos, que el 13 de diciembre del año 2018, los ex integrantes del PODER LEGISLATIVO se aprobaron ingresos extraordinarios por el orden de los 20 millones de pesos para el EJERCICIO FISCAL DEL 2019, esto para pasar de un techo financiero originalmente programado de 214 millones de pesos a 234 millones de pesos, sin más ni más.
Pero peor aún, pues en la propuesta del GASTO PÚBLICO por parte de quienes son considerados los peores diputados que haya habido en toda la historia de BAJA CALIFORNIA SUR, nunca se etiquetó el recurso, y solo trascendió que una parte de ese dinero iba a ser destinado al pago de laudos, pero que la erogación estaría apegada a “los principios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez”, según dijeron.
Ahora bien, si los actuales legisladores realizan a profundidad una revisión y un análisis por demás minucioso de la información integrada por oficios, recibos de pago, pólizas de cheques y transferencias bancarias, SEGURO QUE DESCUBRIRÁN que parte del gasto extraordinario de esos 20 millones de pesos antes comentado simplemente fue destinado para el pago de bonos bimestrales y bonos trimestrales de quienes formaron la XV LEGISLATURA, o sea, repito, la anterior.
Sin embargo esa “recompensa económica” es tan solo la punta del Iceberg por la enorme lista de privilegios que se adjudicaron indebidamente los EX DIPUTADOS LOCALES, tal y como fueron bonos, gratificaciones, prestaciones para el retiro, gastos de representación, apoyos asistenciales, pagos de gasolina y vehículos; lo que por ende permite que ver cómo realizaron sin escrúpulos un brutal saqueo de recursos públicos como nunca antes se había visto en la historia política de BAJA CALIFORNIA SUR.
Además, esos EX DIPUTADOS LOCALES –cuatro meses después de tomar protesta– pasaron a ganar de 173 mil pesos a 243 mil pesos mes tras mes, esto además de que a partir de diciembre del año 2018 se autoentregaron “bonos bimestrales”, “bonos trimestrales”, así como “gratificaciones” y “prestaciones para el retiro” que ni siquiera estaban contemplados en las percepciones económicas de las anteriores legislaturas, lo que – obviamente– estuvo totalmente fuera de la Ley.
¿QUÉ NO CREE USTED ESO? Bueno, pues ojala chequen los actuales diputados como en la COMISIÓN DE CUENTA Y ADMINISTRACIÓN que era dirigida por RIGOBERTO MURILLO AGUILAR, se tenía asignada una partida de 50 mil pesos quincenales por el concepto de “Gastos de Representación”. O bien como el anterior presidente de esta misma comisión, RAMIRO RUIZ FLORES, se embolsaba de friolera de 100 mil pesos al mes. ¡QHIHUBOLE!
Luego entonces muchos esperamos que NO LES TIEMBLE LA MANO a quienes ahora tienen la obligación de procederse legalmente en contra de los responsables –esto en función de la auditoría habrá de aplicarse– para que sean turnados de inmediato ante las autoridades correspondientes a efecto de que se les finquen las responsabilidades penales a que haya lugar, ya que bajo ninguna forma se puede ni se debe quedar impunes los desaseos y quebrantos financieros en que incurrieron; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
