Por Alejandro Barañano
El pasado 15 de marzo, GEORGINA ROLDÁN llevó a cabo una manifestación durante la sesión solemne del arranque del Segundo Periodo Ordinario de la XVI Legislatura, exigiendo a su presunto agresor que renunciara o pidiera licencia para que la enfrentara en la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
Esto lo basó porque en el año 2021 fue agredida en la ciudad de La Paz en casa de JUAN PÉREZ CAYETANO, y por ello anticipó que no regalaría más su silencio y que su lucha era por todas las víctimas que no han tenido el valor de exigir justicia.
En esa ocasión se pidió la sororidad de cada una de las legisladoras que hoy son mayoría en el CONGRESO DEL ESTADO, para que su caso no quedará en la impunidad, pero tal parece que las palabras de la víctima se las llevó el viento, pues a la fecha el todavía diputado goza de cabal salud y de fuero también.
Tras la manifestación de aquel 15 de marzo que llevó a cabo la afectada, JUAN PÉREZ CAYETANO aseguró que no había ningún proceso en su contra, y negó que el fuero constitucional lo protegía de cualquier acción de parte de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA sudcaliforniana.
Pero la dependencia impartidora de justicia confirmó unos días después a los medios de comunicación que ya se había entregado al CONGRESO DEL ESTADO la declaración de procedencia en contra del diputado morenista, pues había sido acusado formalmente de abuso sexual por parte de la ex regidora de Los Cabos.
Las hojas del calendario siguieron cayendo y el 6 de mayo pasado, las autoridades del CONGRESO DEL ESTADO no tuvieron de otra más que aceptar que recibieron la solicitud para que se iniciara el desafuero, sobre todo cuando la carpeta de investigación en contra de JUAN PÉREZ CAYETANO se encontraba prácticamente integrada y solo faltaba definir sobre la protección con la que goza el legislador.
Entonces apareció en escena JOSÉ MARÍA AVILÉS CASTRO, diputado y todavía –por unos cuantos días más– presidente de la JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, confirmando que la solicitud de desafuero era real, pero no obstante adelantó que no era un proceso expedito y podría tardar hasta 60 días hábiles. De los cuales por cierto, ya han pasado más de un mes.
También expuso que se basarían en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur, misma que señala el procedimiento para el juicio de procedencia o de retiro de fuero, y en su caso, un juicio político.
Dijo además que se formaría una comisión especial, y que esta tendría desde 45 hasta 60 días para emitir un dictamen y conclusiones sobre el desafuero de JUAN PÉREZ CAYETANO. Para ello, se podrían auxiliar del juez de la causa para la solicitud de documentos y pruebas; y que también darían un espacio al legislador imputado para que defienda su inocencia, y que una vez elaborado el dictamen, se llevaría a cabo una sesión secreta con la presencia del DIPUTADO ACOSADOR y la víctima, para definir si se retira o no el fuero constitucional.
Pero hábilmente dejaron correr el tiempo y más de una semana tardaron las y los diputados de la actual Legislatura en instalar la dichosa COMISIÓN INSTRUCTURA, y en sesión secreta definieron que este órgano estaría integrado por las diputadas MARÍA GUADALUPE MORENO HIGUERA y BLANCA BELIA MÁRQUEZ AGUILAR, así como el diputado LUIS ARMANDO DÍAZ.
Este próximo viernes se van de vacaciones por largos dos meses los magnánimos legisladores que se tienen en BAJA CALIFORNIA SUR, y tal parece que el ACOSADOR SEXUAL gozará de una cabal impunidad. ¡BONITA COSA! Por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
