Por José Luis Puga Lizardi
Pirotecnia Política: Somos propensos a ajustar cuentas, que es venganza, pero no a dar cuentas y razón de nuestras opiniones o nuestros sentimientos. (Álvaro Pombo)
Todo parece indicar que en el Congreso de Baja California Sur, ya tomaron la decisión de realizar una auditoría general al ejercicio administrativo de la pasada legislatura que se distinguió más por los pleitos entre asambleístas y las acusaciones mutuas de corrupción y malversación del dinero público presupuestado que en leyes de gran calado como las que se necesitan para bienestar y desarrollo.
Si bien es cierto aún no se hace el anuncio oficial sobre el particular, las voces al interior del Poder Legislativo se dejan escuchar en el sentido de que los desaseos tienen que ser exhibidos para que sirva de ejemplo, de lo que no debe hacerse cuando se ostenta una representación popular o se administra el dinero público.
Extraoficialmente se ha dejado saber y correr la versión de que técnica y administrativamente el Congreso del Estado, fue entregado prácticamente con todo el ejercicio fiscal 2021 ejecutado, aún y cuando faltaban 4 meses por transcurrir.
Por la forma en la que se están manejando estos asuntos en el Congreso del Estado y con la férrea convicción de que la presente legislatura no será “tapadera” de nadie, es altamente probable que por fin los Sudcalifornianos veamos un verdadero ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
Deben considerarse muchos factores para tomar una decisión de este tipo; por que las auditoras para que tengan una validez y sobre todo credibilidad, debe realizarse por despachos externos al Poder Legislativo para que no sea un asunto político, lo que determine a los susceptibles de ser señalados como responsables de lo que hasta hoy, es una suposición de la que nadie tiene certeza pero tampoco dudas -como dice el clásico-.
Este tema del que pocos hablan públicamente para no adelantar vísperas o caer en irresponsabilidades, ya causó interés y generó morbo en la ciudadanía pero también en los círculos rojos donde confluyen el poder político y económico de Baja California Sur; la percepción es de que será el Poder Legislativo, la única instancia que se atreverá a revisar las cuentas de sus antecesores.
Las liquidaciones millonarias fue el último “tarascón” que le dieron al erario público algunos exDiputados y exFuncionarios administrativos, fue la “gota que derramó el vaso” y el factor que está obligando a los legisladores a tomar la determinación de auditar y castigar a los responsables en caso de encontrar irregularidades; los castigos serían en determinado momento, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos e incluso, la cárcel; los nuevos legisladores tienen en su poder la decisión; eso sí, si no encuentran anomalías y por el daño moral causado, también ellos pudieran tener consecuencias en términos legales. Ya veremos.
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