- Se instaló la Comisión Permanente de Infraestructura de la actual Legislatura con las diputadas Gabriela Montoya Terras, Gabriela Cisneros Ruiz y Eufrocina López Velasco.
Redacción
Debemos buscar más presupuesto y considerar mecanismos de inversión pública y privada, ante el desafío de impulsar y facilitar la implementación de proyectos de infraestructura para los sudcalifornianos a corto, mediano y largo plazo, afirmó la Diputada Gabriela Montoya Terrazas al asumir la presidencia de la comisión permanente de ecología de la XVI Legislatura del congreso del Estado de Baja California Sur.
Durante el protocolo de instalación junto a las diputadas Gabriela Cisneros Ruiz y Eufrocina López Velasco, secretarias, la presidenta refirió que más del 75 por ciento de la población sudcaliforniana se concentra en los municipios de La Paz y Los Cabos, por lo que se debe contar con una planeación urbana integral, pues son las economías locales más importantes, y por esta situación es necesario que se mejore el sistema carretero estatal.
Desde la comisión de infraestructura, afirmó, se va a impulsar que el presupuesto estatal contenga la capacidad para realizar obras en los cinco municipios, sobre todo aquellas que permiten el desarrollo económico y bienestar de todas las regiones; también apoyar a las autoridades competentes para mejorar la conectividad aérea, carretera y portuaria.
Montoya Terrazas ofreció trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno, con la Cámaras de la Industria de la Construcción, con los colegios de profesionistas, instituciones académicas y con la sociedad en general, para consultar los asuntos de interés relacionados con la infraestructura pública y privada sobre todo los de vivienda, salud, comunicaciones, y el desarrollo social y económico.
En otro sentido manifestó también que es necesario revisar el marco legal que incide en la infraestructura pública y privada en el estado, específicamente, actualizar y armonizar con el marco normativo, revisar la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad para el Estado, misma que contempla múltiples y variados tópicos de regulación de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y, aunque fue aprobada a finales de 2019 por unanimidad, “queremos saber cómo la podemos convertir en una herramienta más versátil, para la autoridad encargada de ejecutarla, pues ahora los poderes ejecutivos y legislativos, tanto federal como estatal, trabajaremos en estrecha coordinación en lo referente a la infraestructura”, finalizó.