- Exhortan a la Cámara de Diputados para que no apruebe la iniciativa de Cobranza Delegada, pues esta Ley va por las nóminas del país y pone en riesgo el patrimonio de quienes adquieran un crédito, asegura la diputada Gabriela Cisneros Ruiz.
Redacción
El pleno del Congreso del Estado, exhortó a la Cámara de Diputados, para que no apruebe el dictamen a la iniciativa sobre créditos para personas trabajadoras que encomiendan su cobranza propuesta por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXV legislatura del Congreso de la Unión.
A través de un punto de acuerdo presentado por la diputada Gabriela Cisneros Ruiz, que logró el respaldo de todos los parlamentarios, refrendó su apoyo a la clase trabajadora arguyendo inaceptable que los patrones se conviertan en cobradores de las instituciones de crédito y del sector financiero en perjuicio del empleado.
“No concibo que los recursos que deben destinarse a salud, educación, seguridad, comida, transporte y necesidades básicas de las familias, se les arrebate con despotismo y tropelía, para otorgarlo a una entidad financiera, no podemos ni vamos a aceptar esta trasgresión a la clase obrera”, fustigó la representante popular.
Arguyó además que la propuesta, que está en análisis y dictaminación en la Cámara de Senadores, implica adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, vulnerando el derecho de inembargabilidad del salario y atentando contra el bienestar de las y los trabajadores y sus familias.
En ese contexto, la cobranza delegada, propicia que las entidades financieras puedan embargar de facto hasta el 45 por ciento del salario del trabajador, por lo que sólo beneficia a quienes otorgan créditos, no a las y los trabajadores que adquieran un crédito, por eso no podemos permitir que esta reforma sea refrendada en la Cámara de Senadores.
“No es cierto que esta reforma busque ampliar las opciones de financiamiento para sectores desfavorecidos que buscan adquirir bienes o servicios a través de opciones de crédito. Esta Ley va por las nóminas del país y pone en riesgo el patrimonio de quienes adquieran un crédito, y es francamente violatoria de los artículos 5, 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que trasgrede sustancialmente el carácter inembargable del salario establecido en la Constitución, fomenta prácticas de usura y cobros excesivos por parte de los bancos”, precisó finalmente la legisladora.
