- La diputada María Luisa Trejo propone de uno a tres años de prisión y multa de 500 a 3 mil días a quien abandone a trabajadores del campo y cuando el abandono ponga en peligro la salud o vida del trabajador o su familia, la pena será de 04 a 07 años de prisión
- En el caso de la violación a las leyes sobre protección al salario, propuso penas de 01 a 03 años de prisión más multa de 500 a 3 mil días a quien prive a un trabajador de una parte o del total del producto de su trabajo
Redacción
La diputada María Luisa Trejo Piñuelas, de la Fracción Parlamentaria de Morena propuso en la Sesión de la XVI Legislatura, modificar el Código Penal para el Estado de Baja California Sur con el objetivo de tipificar como delito el abandono de jornaleros agrícolas en el territorio del Estado de Baja California Sur, así como también castigar la privación injustificada del salario de los trabajadores.
La propuesta radica en la adición de un título noveno al Código Penal al que se denominó Delitos contra los Trabajadores así como un capítulo denominado “Abandono de los Trabajadores del Campo”.
Así mismo la propuesta legislativa también incluye la adición de un capítulo segundo “De la Violación de las Leyes sobre Protección al Salario”.
De aprobarse, se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de quinientos a tres mil días a quien abandone a trabajadores del campo y cuando el abandono ponga en peligro la salud o vida del trabajador o su familia, la pena será de cuatro a siete años de prisión.
En el caso de la violación a las leyes sobre protección al salario, la legisladora propuso penas de uno a tres años de prisión más multa de quinientos a tres mil días a quien prive a un trabajador de una parte o del total del producto de su trabajo, y si el caso de que quien cometa el atropello sea un servidor público la pena se incrementa de dos a cinco años de prisión.
La diputada Trejo Piñuelas señaló que aspira a que la iniciativa erradique conductas que afectan a la sociedad y sobre todo a quien menos tienen.La iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes de Puntos Constituciones y de Justicia, de Asuntos Laborales y de Previsión Social y de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas.