- En febrero pasado ya se les había inmovilizado 15 cuentas bancarias a los imputados por los ilícitos cometidos en agravio de 3 sociedades mercantiles.
Redacción
En audiencia celebrada el lunes pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado obtuvo la autorización judicial para la inmovilización de 12 cuentas bancarias pertenecientes a cinco personas imputadas por los delitos de fraude agravado y abuso de confianza específico en agravio de tres sociedades mercantiles.
En dicha audiencia, la agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto presentó los datos de prueba necesarios para solicitar al Juez de Control la inmovilización de dichas cuentas, lo que fue concedido, luego de la evaluación de argumentos.
De acuerdo a la investigación en la causa J073/2024 los imputados, identificados como Antonio “N”, Miriam “N”, Roberto “N”, Rubén “N”, José “N”, y Fernando “N” participaron en un esquema fraudulento en el lapso de enero de 2020 hasta el 5 de agosto de 2023.
Luego de la denuncia de hechos la PGJE inició la investigación y logró vincularlos a proceso en el 2024, ya que, al presentar datos de prueba que los relacionan con acciones cometidas valiéndose de sus cargos como intermediarios de ventas de tiempos compartidos engañaron a innumerables clientes para obtener dinero en efectivo y depósitos en cuentas personales.
Mediante falsas promociones los imputados ofrecían beneficios inexistentes a clientes con contratos vigentes, convenciendo a 99 personas de realizar pagos fuera de los canales oficiales, donde el monto total del fraude asciende a más de 38 millones de pesos.
Se destacó además que en relación con este esquema fraudulento con apariencia de delito, la probable participación de Jonathan “N”, de quien se logró obtener la intervención de siete cuentas bancarias, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones para determinar la cantidad total de personas involucradas en estos ilícitos para garantizar justicia y la reparación del daño a las víctimas y ofendidos.
