Por Arturo Rubio Ruiz
La primera semana de febrero se define si el actual Procurador de Justicia en Baja California Sur alcanza el registro como candidato al cargo de Magistrado del Poder Judicial Federal, en el proceso electoral a verificarse en junio del año en curso. De ser ese el caso, el actual Procurador de Justicia estatal, deberá renunciar a su encargo público, a efecto de participar en igualdad de circunstancias con los particulares que también alcancen el registro como candidatos en dicho proceso electoral.
Ante esta expectativa, en breve tendrá que designarse a quien le sustituya en el encargo, y la terna que al efecto elabore el titular del Ejecutivo estatal, acorde a los principios constitucionales de equidad de género y alternancia, deberá estar integrada por tres profesionales del derecho, de sexo femenino, con experiencia en el campo específico de la procuración de justicia, con especialización en derecho penal y procesal penal.
El Congreso local deberá realizar la elección de la nueva titular de la procuración de justicia en BCS, buscando el mejor perfil para el encargo, privilegiando en todo caso la designación de una persona de sexo femenino, en caso de que en la terna del Ejecutivo se incluya la propuesta de algún profesionista de sexo masculino, pues el Congreso local ha sido muy enfático en el tema de la paridad y la alternancia en razón de género.
Los principios de paridad y alternancia imponen al Gobierno del Estado la obligación de brindar en todos los campos del ejercicio público, la posibilidad de participación a personas del sexo femenino, sobre todo en campos donde estando capacitadas y teniendo el perfil idóneo, son tradicionalmente relegadas, reservándose los cargos estratégicos del servicio público a personal masculino.
TIEMPO DE MUJERES
Debemos erradicar de la Entidad, la práctica simuladora de hablar con lenguaje que refieren como inclusivo, pero actuar con políticas de exclusión, tal y como hacía el último ex gobernador estatal, que era muy propio en el uso del llamado lenguaje “inclusivo”, pero su gabinete era el Club de Tobi.
La igualdad de oportunidades y paridad de género se alcanza a través de la regla de alternancia individual y sucesiva de titulares del encargo público, y no se trata de una moda, es una exigencia plasmada tanto en el marco constitucional como en el convencional y en diversa normatividad nacional aplicable, específicamente en la interpretación conforme de los Artículos 1º párrafos primero y tercero, 4º párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 17 párrafo primero, y 36 fracciones III y IV , de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2º y 7º inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y por correlación, las reglas de alternancia plasmadas en las leyes electorales y en el marco constitucional del Estado, lo dispuesto en materia de elección de quien presida el Tribunal de Justicia estatal.
En el Estado contamos con profesionistas destacadas en el ámbito de la procuración y administración de justicia, con preponderancia en el campo del derecho penal, y en los corrillos judiciales se menciona entre las posibles integrantes de la terna, al menos a una quinteta de probables propuestas, todas ellas con amplia experiencia en el servicio público, capacidad profesional y posgrado en el campo procesal y sustantivo penal.
En estricto orden alfabético, enlistamos a las profesionistas con mayores menciones para el encargo en cita: Guadalupe Espinoza Ruiz, Lucía Dolores Loredo Saucedo, Beatriz Adriana Robles García, Consuelo Rodríguez Domínguez y Anabell Vázquez Chávez.
Veremos si el titular del Ejecutivo se pronuncia por la experiencia y profesionalismo, y propone una terna integrada por algunas de las profesionistas enlistadas, o cae en el juego del amiguismo y presenta una terna que incluya personas del sexo femenino sin experiencia ni bagaje curricular de posgrado y experticia específica relacionada con el campo del derecho penal y procesal penal.
