Por Alejandro Barañano
La gestión de los recursos hídricos en Baja California Sur atraviesa uno de sus momentos más críticos ante las crecientes denuncias sobre la operación del llamado CÁRTEL DEL AGUA, presunta red de tráfico de influencias que involucra a ALTOS FUNCIONARIOS.
En el centro de este conflicto se ubica el director local de la Comisión Nacional del Agua, JULIO VILLARREAL TRASVIÑA, quien ha optado por mostrar un hermetismo absoluto frente a señalamientos de enriquecimiento inexplicable, otorgamiento irregular de permisos y conflictos de interés.
El CÁRTEL DEL AGUA estaría operando bajo el amparo de la ASOCIACIÓN CIVIL ACORA, fundada en 2016 por técnicos especialistas. Con el paso de los años, varios de sus integrantes han ascendido a puestos clave de poder tras los relevos gubernamentales de 2018 y 2021, copando con ello las instituciones encargadas del agua en la entidad.
La red de vínculos apunta directamente a funcionarios de primer nivel como JULIO VILLARREAL TRASVIÑA, actual titular de la CONAGUA en Baja California Sur; LESBIA TATIANA DAVIS MONZÓN, directora de la Comisión Estatal del Agua; MARIO GÁLVEZ, exdirector del Organismo Operador Municipal de Agua Potable en La Paz; la alcaldesa MILENA QUIROGA ROMERO y su esposo ALBERTO CAMBEROS, señalados por piperos y ciudadanos como los líderes morales de esta organización.
A ello se suma la inconformidad de TRABAJADORES DE LA CONAGUA, quienes han acusado reiteradamente a JULIO VILLARREAL TRASVIÑA de mantener bajo “secuestro político” al personal, al grado que recientemente despidió a un empleado por participar en una actividad sindical a la que asistieron una DIPUTADA EMANADA DEL PARTIDO DEL TRABAJO y un funcionario del AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.
La anterior situación fue expuesta en el Congreso del Estado por MARÍA DEL ROSARIO MACKLIS GONZÁLEZ, enlace del Sindicato Único de Trabajadores Democráticos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien exigió atención inmediata del Poder Legislativo. Además acusó que JULIO VILLARREAL TRASVIÑA es un protegido del gobernador VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO y socio político a la vez de MILENA QUIROGA ROMERO, lo que explicaría su proceder en contra del trabajador despedido.
Esto narrado no es un hecho aislado, pues desde hace cuatro años el sindicato denuncia la falta de diálogo con JULIO VILLARREAL TRASVIÑA, y a pesar de ello, ninguna autoridad ha intervenido al respecto.
El despido comentado se habría dado en mayo pasado, durante la implementación del PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA HURACANES. En esa ocasión se invitó a la diputada KARINA OLIVAS PARRA y a EDGAR GABRIEL FIOL CONTRERAS, un funcionario del Ayuntamiento de Los Cabos, quienes fueron testigos de las medidas de protección civil. Pero días después de ello, MARÍA DEL ROSARIO MACKLIS GONZÁLEZ fue cesada de su cargo, presumiblemente por la presencia de representantes del PARTIDO DEL TRABAJO en dicho acto.
La representante sindical despedida sostuvo que la decisión obedeció porque MILENA QUIROGA ROMERO no fue invitada, lo que derivó en represalias políticas dentro de la institución. Por ello, se exige la renuncia de JULIO VILLARREAL TRASVIÑA, pues es acusado de actuar sin ética ni vergüenza en el manejo que supuestamente desarrolla en la dependencia federal; por lo que quien esto escribe, mejor seguirá BALCONEANDO. . .
