Por Alejandro Barañano
Definitivamente son varios los pendientes que tendrá que atender Milena Quiroga Romero como alcaldesa de la ciudad de La Paz, pero sin duda alguna la crisis hídrica que prevalece diariamente en todos los hogares paceños será la que le demandará una intervención expedita y efectiva.
Como parte de esta severa problemática, tanto la sociedad civil como organizaciones, académicos e investigadores, han señalado una y otra vez que el proyecto inmobiliario denominado “Misión Punta Norte” fue aprobado de manera ilegal, tan así que el mismísimo representantes del consorcio “SiNow Century 21” –empresa propietaria de ese asentamiento habitacional– confirmó recientemente a varios medios de comunicación que aún no cuentan con los permisos correspondientes y que estos los deberán ser gestionados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
No obstante ello, los miembros del actual Cabildo de La Paz dio luz verde sin más ni más al cambio de uso de suelo para el aprovechamiento de 213 hectáreas con una proyección de en 4 mil 613 lotes, esto en un área que se ubica a 21 kilómetros al norte de la capital del estado.
Luego entonces para Milena Quiroga Romero todo esto representa una verdadera “papa caliente”, pues se contemplan más de 2 mil 600 casas nuevas, las cuales permitirán alojamiento para alrededor de 8 mil 560 habitantes que requerirán por ende de una demanda de 2 litros por segundo, situación que es inviable por las condiciones actuales que prevalecen en los mantos acuíferos paceños ya que se encuentran sobrexplotados.
Sin embargo, todo parece indicar que la sociedad más combativa en contra de la depredación inmobiliaria, minera y que defiende el agua en una tierra desértica como la nuestra, está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias para echar abajo la ilegal aprobación del desarrollo “Misión Punta Norte”.
Y es que se sabe –como ya dijimos– que el manto acuífero que abastece a la ciudad de La Paz se encuentra sobreexplotado, por lo que permitir la urbanización del predio denominado “Zacatecas” sólo empeoraría el frágil equilibrio entre la población y su entorno semidesértico, pues de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua el acuífero en cuestión presenta un déficit de 7.83 millones de metros cúbicos anuales.
La alcaldesa electa de La Paz deberá escuchar a todas las voces que aseguran que el proyecto “Misión Punta Norte” hará colapsar el sistema hídrico de la ciudad, pues cifras oficiales nos indican que hoy en día presenta un déficit de por lo menos 7 mil 470 millones de litros de agua anuales.
Ante esto, se estima que el proyecto “Misión Punta Norte” necesitará sólo para su construcción aproximadamente un volumen de agua de 10 mil millones de litros; y aún faltan los rangos sobre el volumen que todo el complejo ocuparía para abastecer las construcciones de los más de 4 mil 600 lotes que se están ofertando.
También transcendió que el predio en cuestión tiene asignado dos tipos de usos de suelo que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano resultan incompatibles con el tipo de obras que se pretenden desarrollar, esto porque el 70 por ciento del terreno está catalogado como área de protección ecológica y el resto es considerado residencial turístico, o sea predios de 500 metros cuadrados y una parte ínfima como corredor urbano.
Si ya de por si lo anterior no fuera poco, el proyecto “Misión Punta Norte” no cuenta tampoco con una evaluación de Impacto Ambiental estatal, ello y a pesar que el Artículo 20 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Baja California Sur indica que dicha evaluación le corresponde a la Secretaría estatal de Turismo, Economía y Sustentabilidad, cuando se trate de fraccionamientos, unidades habitacionales y nuevos centros de población.
Finalmente otro “pequeño detalle” que llama poderosamente la atención y que Milena Quiroga Romero tendrá que analizar a fondo de inmediato, es que el proyecto “Misión Punta Norte” pretende desarrollarse en zonas federales de cuerpos de agua se ve atravesado por un paso de agua tipo intermitente que es el arroyo Garambullo, cuya administración es del orden federal, por lo que el dictamen que aprobaron los “magnánimos” regidores no acredita que se haya cubierto con este requisito; además de que la zona del proyecto es considerada como de riesgo esto según el Atlas de Riesgo de La Paz; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
