Por Alejandro Barañano
En sesión privada –la tarde del pasado 17 de mayo– el CONGRESO DEL ESTADO instaló la Comisión Instructora que habrá de iniciar el proceso de declaratoria del ejercicio de la acción penal en contra del diputado JUAN PÉREZ CAYETANO, esto derivado por una demanda de índole sexual que fue interpuesta en su contra.
La solicitud de desafuero de la que hablamos, fue emitida por la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO y recibida desde el 5 de mayo por la MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, luego de la acusación que se presentó en contra del diputado nacido allá en Marquelia, Guerrero, por parte de una ex regidora de Los Cabos desde octubre del año pasado.
Ahora bien, conforme está establecido en la LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, se aprobó mediante votación por cédula secreta la propuesta que hiciera la JUNTA DE GOBIERNO Y COORDIANCIÓN POLÍTICA para integrar dicha la comisión, la cual quedó conformada finalmente por las diputadas MARÍA GUADALUPE MORENO HUIGUERA como presidenta; BLANCA BELÍA MÁRQUEZ ESPINOZA como secretaria y el diputado LUIS ARMANDO DÍAZ como segundo secretario.
Por su parte el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado JOSÉ MARÍA AVILÉS CASTRO, fue quien informó de la procedencia del ejercicio de la acción penal en contra del representante del distrito electoral XVI, la cual fue presentada directamente por la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia.
Ahora bien, esta acción se dio en acato a las responsabilidades que se derivan de la mismísima Constitución del Estado, la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que el diputado JUAN PÉREZ CAYETANO no tiene ni para donde hacerse.
Sin embargo, el legislador ha dicho estar confiado por el resultado que arroje el PROCESO DE DESAFUERO para está por iniciar en su contra, tan así que sostuvo sin ningún aspaviento ante diversos medios de comunicación que aunque no haya desafuero, él enfrentará el proceso de todas maneras pues es su responsabilidad como ciudadano. ¡QUIHÚBOLE!
A pesar de la excesiva confianza mostrada, el LEGISLADOR MORENISTA está en espera de alguna notificación por parte de las autoridades judiciales, y no descartó a “toro pasado”, que existan posibles motivos políticos en el proceso legislativo que se desarrolla en su contra.
A fin de cuentas la suerte de JUAN PÉREZ CAYETANO está ahora en manos de la Comisión Instructora, pues como ya dijimos será está quien revise a profundidad el expediente enviado por la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA y actúe en consecuencia tal y como lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esto en un plazo que podría durar hasta 45 días hábiles e incluso, prorrogarse por 15 días más. Por lo que será solo cuestión de tiempo para saber qué es lo que sucede; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
