EN MI OPINIÓN / CORRUPCIÓN JUDICIAL EN BCS

Por Arturo Rubio Ruiz

 

Más de una década en el máximo poder del Tribunal de Justicia

 

Una de las promesas de campaña del actual Gobernador, fue reestructurar, sanear y eficientizar la administración de justicia en Baja California Sur.

El primer paso implica remover al actual Presidente. Tras once años de permanecer en la presidencia del Tribunal de Justicia estatal, de manera continua e ininterrumpida, en franca violación a la Constitución Política estatal, que establece un máximo de tres en el encargo, la concentración del poder en un solo individuo, al seno de la institución encargada de administrar justicia en el Estado, ha convertido este ejercicio de servicio público en un negocio cupular.

Con un Consejo de la Judicatura integrado a modo, el Poder Judicial opera sin un órgano de control interno objetivo y eficaz. La opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de poder, en la toma de decisiones y en el manejo de los recursos públicos, en particular, del multimillonario fondo auxiliar para la administración de justicia, hacen de la institución judicial, una organización pública altamente corruptible.

A nivel nacional, el índice de percepción de corrupción entre jueces alcanzó su máximo en 2019 al superar el 68% en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por primera vez en al menos cinco años, los jueces se han convertido en la institución de seguridad pública que se percibe como la más corrupta, valorada en su conjunto, sólo superada en el vergonzoso escalafón por los agentes de tránsito locales, cuya actuación se valora de forma genérica e individual. La percepción de corruptibilidad judicial en el Estado supera por dos centésimas el porcentaje nacional, lo que refleja la imperiosa necesidad de sanear la institución y reencausar su actuar.

El reto que enfrenta la XVI Legislatura local, es cumplir y hacer cumplir la Constitución local, frenando de tajo el ejercicio cuasi vitalicio del poder en el seno de la Presidencia del Poder Judicial estatal, iniciando así el proceso de reconvención de la administración de justicia en la entidad.

Si bien un par de diputados se encuentran renuentes a requerir la comparecencia del Presidente del Tribunal ante el Congreso local “para evitar confrontaciones” —como si el cumplimiento de la Ley se sujetara a encomiendas políticas—, lo cierto es que la mayoría coincide en llamarlo a cuentas; y concluida su comparecencia, como ejercicio de garantía de audiencia, lo lógico y consecuente es proceder de oficio en términos de los numerales 158 y 159 de la Constitución local, fincando el procedimiento administrativo, y en su caso, retirarle al indiciado la inmunidad procesal de que hoy goza, a través del juicio de procedencia, y dar al Ministerio Público la

intervención de ley para que se ejercite acción penal, de resultar ello conducente, concluido el juicio de procedencia a que alude la regla procesal constitucional y su ley reglamentaria.

Pero no basta destituir y —en su caso— proceder administrativa y penalmente contra el mal funcionario que hoy en día continúa ejerciendo ilegalmente la Presidencia del Tribunal de Justicia estatal. Es imperativo evitar que este ejercicio abusivo del servicio público se repita, y para ello, es menester reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, para armonizarla con la Constitución Estatal y los lineamientos contenidos en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, en materia de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, a efecto de que se convierta en un adecuado marco regulador del actuar de los servidores públicos en el campo de la administración de justicia, a efecto de optimizar su desempeño, siempre en un marco inflexible de legalidad y eficiencia.

En breve, el Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines de BCS, presentará al Congreso Local, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se plantea, entre otros menesteres, instituir formal y materialmente la carrera judicial, la elección de jueces y magistrados por concurso y no por amiguismo o compadrazgo, la creación de salas regionales y redistribución de las que existen por materia, la “ciudadanización” del Consejo de la Judicatura, la representación efectiva de los jueces en dicho consejo, a través de la elección del representante de los jueces por sus pares, la desaparición de la onerosa canonjía consistente en el haber de retiro que se asignaron los magistrados, por ser contrario a la política de austeridad republicana, y significar una pesada carga económica para el presupuesto público, la supresión de plano de todas las sesiones y actuaciones judiciales “secretas”, por ser la secrecía el ámbito propiciatorio de opacidad y corruptelas. La justicia debe administrarse de frente al pueblo, con total y absoluta transparencia.

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