Por Arturo Rubio Ruiz
En su origen medieval, esta patente tenía como objetivo proteger las costas de las naciones que carecían de una marina armada. Con el paso del tiempo, esta patente —figura jurídica justificada en su origen— se convirtió en una carta de impunidad que permitía a su titular delinquir impunemente.
Era un recurso válido, para una nación emergente. Es el caso de México, que, en su génesis, recurrió esta figura. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917, en su Artículo 89 Fracción IX otorgaba al titular del Ejecutivo federal, la facultad de conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas por el Congreso.
Una vez que la nación mexicana contó con una marina armada, la facultad presidencial de otorgar patentes de corso desapareció del texto constitucional.
En la actualidad, la partidocracia mexicana ha convertido la inmunidad procesal (fuero constitucional) en verdadera patente de corso, pues basta que un sujeto alcance una curul, en el caso de los diputados, para que escape del brazo de la ley cuando es señalado como el perpetrador de una conducta criminal.
En Baja California Sur, únicamente, durante la presente administración estatal, tenemos tres casos que demuestran que las diputaciones en la entidad alcanzan la calificación de auténticas patentes de corzo.
En el primer caso, a un Diputado el Congreso local se le retiró la inmunidad procesal (fuero) para ser juzgado como un ciudadano común y corriente, con la condición de que no fuera encarcelado durante el proceso que se siguiera en su contra, por lo que fue procesado por un delito no grave, cuando la clasificación precisa de los hechos por los cuales enfrentó proceso correspondía en estricto derecho, a un delito grave que ameritaba prisión preventiva oficiosa.
En el segundo caso, el Presidente Municipal paceño anterior a la actual, durante su mandato, otorgó un ilegal permiso de uso de suelo a un mega-desarrollo inmobiliario, poniendo con ello en grave riesgo el suministro de agua a una ciudad que enfrenta una grave crisis hídrica.
Estando reunidos y colmados los requisitos legales para ser procesado, el sujeto no enfrenta a la justicia, porque se esconde en el privilegio constitucional de inmunidad procesal (fuero) que le otorga su cargo de diputado federal. Y si bien el fiscal anticorrupción ha solicitado que se le retire dicha inmunidad, el procedimiento respectivo se encuentra en la congeladora, y ahí permanecerá mientras la mayoría parlamentaria siga protegiendo al corrupto ex Presidente Municipal paceño.
El tercer caso se encuentra en ciernes. Se trata del ex director de comercio de la actual administración municipal paceña, que es investigado por encabezar toda una organización delictiva dedicada a elaborar, otorgar y comercializar apócrifas licencias de alcoholes. Si bien en este caso el sujeto de marras ya ha sido requerido para ser imputado ante el Juez de Control, mediante triquiñuelas dilatorias, sus abogados han logrado retrasar el proceso que se pretende instaurar en su contra.
El 1 del mes y año en curso, debió realizarse la audiencia inicial en el proceso que se instaura en su contra, pero no se presentó, exhibiendo su defensa un certificado médico según el cual presentaba una infección aguda en las vías aéreas superiores; había dado positivo a COVID y debía guardar reposo absoluto al menos hasta el día 3 del mismo mes y año, y por ningún motivo podía presentarse en una reunión pública. El juzgador dio por bueno el motivo de su incomparecencia a la audiencia, y difirió el inicio del procedimiento.
Al día siguiente, el deleznable sujeto se presentó al recinto del Congreso local, y sin ningún síntoma de padecimiento respiratorio alguno, sin cubrebocas, sonriente y animoso, rindió protesta como Diputado, en suplencia de quien, siendo el titular de la curul, dejó el cargo.
El común denominador en los tres casos es la utilización de la inmunidad procesal (fuero constitucional) como una verdadera patente de corzo que permite a quienes la poseen, delinquir impunemente, gracias a que el partido que los abriga goza de mayoría parlamentaria, y, por ende, bajo su cobijo la impunidad está garantizada. Así que, desde la Edad Media, el permiso para delinquir impunemente no desaparece, sólo se transforma.
