Por José Luis Puga Lizardi
Pirotecnia Política: La violencia simbólica es una violencia que se ejerce con la complicidad tácita de quienes la padecen y también, a menudo, de quienes la practican en la medida en que unos y otros no son conscientes de padecerla o de practicarla. (Pierre Bourdieu)
En reiteradas ocasiones el Gobernador del Estado VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO, ha externado que la cordialidad en el trato, no tiene nada que ver con la complicidad, lo anterior cuando habla sobre el delicado tema de las auditorías que se están practicando a la pasada administración que encabezó CARLOS MENDOZA DAVIS; es evidente que el asunto es delicado e implica un sinnúmero de responsabilidades que van en diversas vertientes como lo jurídico, político, hasta lo moral.
En los próximos días se sabrán los detalles de las auditorías que se están practicando tanto en la documentación que avala el gasto corriente como en la aplicación de los programas, egresos en obras y demás; las especulaciones son muchas y van más allá de las locuciones realizadas por el propio Ejecutivo Estatal VÍCTOR CASTRO ante los medios de comunicación y que obviamente han derivado en escandalosas notas informativas que alimentan el morbo social.
Mucho se cuestionó al presente Gobierno de Baja California Sur, en el sentido de las fiscalizaciones, luego de la tersa relación que inició semanas después de que los actuales servidores públicos ganaran las elecciones en junio de este año; sin mayores complicaciones y en un escenario hasta diplomático, fueron capaces de transitar durante el proceso de entrega recepción, respetando la ley y ponderando acuerdos de colaboración; ahora que se están realizando las revisiones profundas al ejercicio financiero del gobierno anterior, solo falta que se den a conocer los resultados.
El Gobernador VÍCTOR CASTRO, sostiene que sí de los análisis profundos al gasto del Gobierno de CARLOS MENDOZA, se desprenden anomalías y estas constituyen delitos que deban ser atendidos por las “instancias correspondientes” significa que estamos en la antesala de posibles actos de una verdadera y auténtica rendición de cuentas; definitivamente que si todo está en orden, no habrá delitos que perseguir, aunque por lo que se adelanta, sí habrá situaciones que obligadamente tendrán que salir a la “luz pública”.
Los Gobiernos Municipales de Los Cabos y La Paz, están haciendo sus auditorías internas y también a través de agentes externos que certificarán resultados, independientemente de encontrar o no anomalías que se consideren delito; el Congreso del Estado, también está en esa inercia de revisar lo que dejó la pasada legislatura donde la aplicación discrecional del dinero público, fue más que evidenciado con los escándalos de viajes a Europa, Centroamérica y dentro del territorio nacional, así como también la pérdida de dinero para consultas públicas en el tema de la movilidad, sin olvidar las liquidaciones millonarias.
La rendición de cuentas es necesaria y será un comportamiento político correcto de las actuales autoridades estatales, del Ayuntamiento de Los Cabos y representantes populares en el caso del Congreso, sobre todo sí estos ejercicios tienen consecuencias e implicaciones legales para quienes hicieron mal uso del dinero público.
El Gobernador VÍCTOR CASTRO, sostiene coloquialmente y de forma reiterada, que no se trata de una “cacería de brujas” y tampoco un acto que legitime su administración, pero sí deja en claro que no será “Tapadera” de nada ni de nadie; en tanto se dan a conocer los resultados de estas revisiones a los estados financieros, la ciudadanía está a la espera de los detalles y sobre todo de las consecuencias legales que se deriven. Ya veremos.
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