- Junto con la alcaldesa de La Paz, la también directora de Desarrollo Integral del Municipio, Mariana Orozco Camacho, fue denunciada por abuso de autoridad.
Redacción
Jacob López Alcocer director jurídico del grupo inmobiliario Punta Norte, confirmó haber interpuesto denuncia penal en contra de la alcaldesa de La Paz Milena Quiroga Romero por desconocer el acuerdo de Cabildo de marzo del 2021 así como las subdivisiones de más de 4 mil lotes del predio Zacatecas, a pesar de que la empresa donó al municipio la tierra dónde se ubica un pozo de agua.
“Dimos cumplimiento a cada una de las condicionantes, son actos validados por la autoridad municipal, dónde al momento de hacer los avalúos contrario a lo que ha dicho la alcaldesa, la dirección de Catastro ha afirmado que esos terrenos se encuentran en uso de suelo habitacional e incluso comercial. Todos los permisos están vigentes actualmente, no hay ninguna nulidad, no ha sido revocado por ninguna autoridad”, sostuvo.
Además agregó que tienen permiso del uso de suelo plenamente eficaz y válido, “e incluso tenemos la subdivisión plenamente válida y que incluso ya surtió efectos de una enajenación y con una donación, tenemos avalúos avalados por la propia autoridad municipal, impuestos inmobiliarios. Estamos dando cumplimiento a cada una de las directrices que marca la normativa urbana y seguiremos cumpliendo“, aseveró.
Por lo anterior, dijo que las declaraciones negativas de la alcaldesa en torno al proyecto han generado afectaciones y perjuicio a la marca, por lo que el día de hoy el abogado corporativo en materia penal Moisés Ramírez interpuso denuncia contra la Presidenta Municipal Milena Quiroga Romero y la Directora de Desarrollo Integral del Municipio Mariana Orozco Camacho tras hacer público que el Proyecto Misión Punta Norte no tenía autorización de Uso de Suelo.
Por su parte el penalista enfatizó que el proyecto tiene un permiso de uso de suelo autorizado dentro de una sesión extraordinaria del municipio que consta en el acta 061, que no ha sido anulada por ninguna autoridad y que tiene plena eficacia jurídica, por lo que la autoridad municipal está obligada a respetar estos permisos, por lo que sus declaraciones han generado un perjuicio en contra de la empresa.
“La alcaldesa paceña y su funcionaria han sido denunciadas por abuso de autoridad y la consecuencia es una pena de prisión y la reparación del daño económico y moral“, indicó finalmente.