Por Ariel Vilchis
En el año 2020 el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) reportó a través del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020 que en México 4 de cada 10 personas privadas de la libertad lo hacen sin tener todavía una sentencia.
Así mismo, según el último informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre tortura en 2020 la fiscalía federal tenía más de 4.600 denuncias, pero en los últimos dos años solo se habían judicializado nueve casos.
Con estos antecedentes, resulta claro y lógico lo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar un decreto para liberar a todos los encarcelados por delitos no graves y que llevan más de 10 años en prisión preventiva, es decir, sin sentencia, y a su vez también, agilizar la excarcelación de los presos que han sido torturados, ancianos o enfermos crónicos mayores de 65 años.
Simple y sencillamente concretar excarcelaciones es una cuestión de justicia, ya que aun cuando son motivos y están incluidas en las leyes vigentes -ser víctima de tortura, acogerse a medidas humanitarias por edad o enfermedad o llevar más de dos años en prisión preventiva- son letra muerta que no se cumple.
El decreto anunciado por el primer mandatario de la nación sólo afectará a los reos en cárceles federales -una minoría- y tendrá que valorarse caso por caso, con lo que el alcance de la medida presidencial sería limitado. Ya que de los treinta mil presos en cárceles federales, 12,358 no tienen sentencia y el presidente no dio a conocer cuántos llevan más de una década encarcelados. Lo que sí se sabe es que hay menos de 300 presos mayores de 65 años en cárceles federales.
Quizá este sea un primer paso para lograr que la justicia sea rápida y expedita. No se puede entender por qué una persona pueda estar detenida por más de diez años sin sentencia.
El fondo político del decreto presidencial puede o no cuestionarse, debatirse -Ya en el pasado ha hecho señalamientos en contra del poder judicial- Sin embargo, en un tema meramente de justicia, no hay una razón de peso para que una persona privada de su libertad por más de diez años no haya recibido sentencia.
Ya veremos cómo avanza esta iniciativa impulsada desde Palacio Nacional, anunciada precisamente la semana en la que se llevará a cabo la Consulta Popular para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Sin duda, le guste o no a la oposición, el presidente sigue dominando la agenda pública. Es mi opinión, al tiempo…
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