EN MI OPINIÓN / CONGRUENCIA PRESUPUESTAL

Por Arturo Rubio Ruiz

 

El pasado 15 de septiembre, el pleno de la XVI Legislatura sudcaliforniana ratificó a Daniel De la Rosa Anaya como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con 16 votos a favor, cero en contra, y 5 abstenciones.

Durante su comparecencia, el Procurador de Justicia habló de los logros alcanzados durante su gestión anterior, destacando entre los datos estadísticos oficiales que proporcionó, el hecho de haber recuperado la entidad, a nivel nacional, la consideración de ser uno de los lugares más seguros para vivir.

Escuchamos a varios representantes populares cuestionarlo sobre la incidencia de inseguridad, violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, feminicidios y la desaparición de personas —éste último tema, en particular, lo abordaremos en próxima entrega.

Al apunte de los legisladores, que como litigante y como ciudadano hago eco, agregaría la falta de experiencia y capacitación de la mayoría de los operadores del Sistema de Justicia Penal, las limitaciones tecnológicas y científicas en el campo de la investigación y la pericia, los bajos salarios que perciben quienes laboran en la institución, y la falta de coordinación adecuada con las demás instituciones públicas encargadas de la prevención del delito.

Si queremos una procuración de justicia acorde con las necesidades de la sociedad sudcaliforniana debemos asegurarnos de que la institución encargada de brindarla cuente con todos los elementos tecnológicos y científicos que la ciencia moderna oferta. Debemos posicionar a la Procuraduría de Justicia en la esfera de operatividad que brindan actualmente los avances en esos campos.

Tenemos unas instalaciones y herramientas que datan del siglo XX, sistemas y programas de cómputo que fueron donados por otras procuradurías, entre otras razones, porque ya estaban tecnológicamente rebasados, y aquí son el caballito de batalla. No podemos pensar en una Procuraduría de Justicia de primer nivel, cuando tecnológicamente estamos en el siglo pasado, con limitaciones y carencias que propician deficiencia y una elevada corruptibilidad.

Debemos pedir a nuestros diputados congruencia en su decir y su actuar, y que al elaborar el presupuesto 2022 consideren que la adquisición de equipo tecnológico y científico aplicado a la investigación del delito no es un gasto, es una inversión. Que la mejora salarial de los trabajadores de la procuración de justicia y la inversión en su capacitación actualización y certificación, es garantía de eficiencia y generadora de un mejor desempeño.

No es posible que el presupuesto de egresos estatal que hoy se ejerce destine enormes recursos a la promoción del ejecutivo, vía comunicación social, se escatime en inversión de insumos y equipo de última generación para nuestros investigadores y peritos. Aquí es imperativo que exista congruencia presupuestal por parte de nuestros legisladores. Y mayor congruencia necesitamos de nuestros representantes populares, al elaborar el próximo presupuesto de egresos, en el campo de la prevención del delito.

Si seguimos esperando que la criminalidad se resuelva en los tribunales y en las prisiones, seguiremos perdiendo la batalla. La prevención del delito no puede seguir siendo una materia anodina y abstracta, presa del discurso, y la improvisación.

Es exigible ya que se ponga orden en este rubro y que nuestros diputados, desde el Congreso local, sienten las bases legales y presupuestales, para que a la brevedad posible, la prevención del delito deje de ser una simulación, y se convierta en una realidad, a través de establecer reglas competenciales claras, entre las distintas corporaciones vinculadas con el rubro, comprometer al sector salud y al sector educativo en la urgente labor de prevenir el delito.

La prevención inicia en el hogar, se cimienta en el núcleo vecinal, se fortalece en el ámbito escolar, y se consolida en el ejercicio público de las corporaciones encargadas de la prevención, disuasión, y contención del delito.

Todo lo anterior requiere que desde el Congreso se establezca el marco legal, así como presupuestal que dé vida y operatividad a un programa estatal interinstitucional y multidisciplinario, bajo la coordinación de la Procuraduría General de Justicia Estatal, que involucre la participación táctica y operativa de las secretarías de Educación, Salud, Desarrollo Social, y las corporaciones de seguridad pública, que permita prevenir el delito desde el seno del hogar hasta el último rincón de la privilegiada geografía estatal.

Señores Diputados, si no se invierte en prevención, seguiremos pagando el alto costo social y económico que generan la inseguridad y la criminalidad.

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