Por Arturo Rubio Ruiz
El hecho de que el gobernador del estado desconozca la ley, no es una cuestión que nos preocupe. No es requisito para ser gobernador el conocer el marco legal que rige la entidad lo que es requisito es que, al aceptar el cargo, proteste cumplirla y hacerla cumplir lo cual no deja de ser irónico.
Que alguien se comprometa a cumplir y hacer cumplir algo que no conoce no tiene mucho sentido que digamos.
Pero al margen de lo irónico, el hecho de que el gobernador no conozca la ley no es óbice para que realice bien su trabajo, pues para eso cuenta con toda una maquinaria de asesores jurídicos, todos titulados y, sobre todo, muy bien pagados.
Y como dicen algunos abogados: “suponiendo sin conceder”, que los integrantes del cuerpo de asesores jurídicos del gobernador no estén a la altura de las necesidades… Bueno, pues el principio de equilibro de poderes establece que sea el Congreso el poder que se pronuncie al respecto.
Es cierto que la ignorancia también corona la curul mayoritaria, pero a su vez, el Congreso cuenta con un cuerpo de asesores parlamentarios que deberían orientar a los diputados sobre el tema, y éstos a su vez enviarle un exhorto muy respetuoso (Claro porque las formas son sagradas) al Señor gobernador cuando su actuación no se apegue estrictamente al marco de la ley.
Por desgracia, en su mayoría, nuestros diputados no solo son ignorantes, sino que además desprecian el valor de la asesoría jurídica adecuada, y prefieren nombrar como “asesores” a cuñados, primos, guachomas, compadres, queridas, Etc., en lugar de apoyarse en los asesores jurídicos parlamentarios que si hay en el congreso. Pocos, muy valiosos, pero más ignorados que apreciados.
Entonces, asumimos que ni el gobernador ni los diputados conocen adecuadamente nuestro marco legal constitucional. Pues aún en este supuesto, la legalidad debida está a salvo, -teóricamente-, puesto que se supone que el poder judicial es el órgano garante de la constitucionalidad en el estado. El problema es que en el tema del “encargado de despacho”, no han hecho ningún pronunciamiento sobre el tema.
Por todo lo anterior es extraño que ninguno de los órganos del Estado le haya dicho al gobernador que la figura de encargado del despacho -tratándose la Procuraduría de Justicia, es inconstitucional.
O el gobernador, -que no sabe derecho constitucional-, no quiere escuchar, o no le importa.
A pesar de todo, por extraño que parezca, hay una curiosa coincidencia: Cuando anunció su retiro el último procurador, el gobernador del estado tuvo tiempo suficiente para preparar una selección adecuada de quien, .con la aprobación del Congreso-, sería el siguiente procurador de justicia, que, en estricto rigor, deberá ser procuradora, por los principios constitucionales vigentes en Baja California Sur, de paridad, equidad y alternancia.
Suponiendo que el Gobernador estime que no hay en el Estado mujeres profesionales del derecho, preparadas, capacitadas y con experiencia para asumir el encargo (lo cual es ofensivo, discriminatorio y retrógrada, pero probable) tal vez decida brincarse los principios constitucionales referidos y entonces, con la aprobación del Congreso, el nombramiento recaiga en un varón.
Tres cosas para resaltar:
- 1. La ignorancia e/o indiferencia de los tres órganos del poder, respecto del marco constitucional rector de la función pública estatal.
- 2. El retraso en la designación del nuevo Procurador(a), pese a que se contó con suficiente anticipación, demuestra que, entre las prioridades del Gobernador ,no se encuentra la adecuada procuración de justicia en el estado
- 3. Curiosamente cuando renunció el último procurador, entró en funciones el subprocurador de la Paz, por ministerio de ley, y en su ausencia por renuncia, el encargo recae en el subprocurador de Los Cabos, quien casualmente está al frente, pero no “por ministerio de ley”, que es la figura constitucionalmente válida, sino como “encargado de despacho”.
Irónicamente está al frente de la procuraduría quien por mandato constitucional Debería estarlo, pero no como encargado del despacho sino por Ministerio de ley El problema es que sigue firmando como encargado del despacho, sigue otorgando nombramientos y dictando acuerdos viciados de ilegalidad por inconstitucionalidad.
La ignorancia tiene un alto costo. El problema es que no lo paga el gobernante, lo paga el gobernado
