Por Flavio Díaz Mirón
Aquello que constituye el “bien común” está afuera de la actual planeación urbana mexicana. La construcción de torres, fraccionamientos y centros comerciales en la mayoría de nuestras ciudades, denota la estrechez de visión que tiene nuestra clase “dirigente”, porque en vez de aprovechar el capital e ingenio humano para crear maravillosos barrios y colonias nuevas, que inyecten de satisfacción y placer visual a quien sea que las camine, o que contengan sistemas de drenaje y de agua realmente potable estables que no contaminen nuestros mantos acuíferos, es lamentable que, las características que constituían el bien común, p. ej., caminos agradables y transitables; edificios de escala humana y de modesta hermosura; plazas, parques y espacios públicos que seduzcan para pasear; estas características que eran obvias en los siglos pasados sean hoy completamente ignoradas.
No podemos pretender, salvo en poquísimas excepciones, que nuestro país se conduzca de forma estable y predecible, con planes técnicos y criterios objetivos, sin arreglar primero los temas de las mafias narcotraficantes, de la inseguridad rampante, del secuestro económico y empresarial del Estado mexicano, que como el fascismo del siglo XX dirige a través de paraestatales y del ejército la economía del país. Para esto, conviene, sobre todo, establecer que la condición última para que exista una planeación ordenada y predecible es separar la planeación y gestión del territorio del gobierno. Porque ambos funcionan en lógicas completamente diferentes.
La función de un gobierno en México es cortoplacista, caprichosa, asimétrica, reaccionaria e ineficiente. La función de la planeación o gestión del territorio, dentro de la cual se encuentra la planeación y gestión urbana, es por definición de largo plazo, predecible, incorruptible, comprometida con generaciones que aún no nacen y se ocupa del bien común –independientemente de la clase social o si es beneficiario o no de algún programa público– se encarga de proveer infraestructura eficaz y duradera, y un marco jurídico parejo e inquebrantable, que ni un privado, grupo de privados o un momentáneo congreso de políticos pueda cambiar.
Las manecillas del reloj del gobierno, el minutero y segundero, deben llevar diferente pulso que las manecillas del reloj de la planeación del territorio y de la ciudad.
Cuestión igualmente importante sería la formación de los servidores públicos y funcionarios trabajadores de la planeación del territorio y de la ciudad. En otros tiempos en Inglaterra, supieron resolver el problema de su sistema parlamentario, el cual implica una dinámica en constante revolución, sin tiempos fijos ni plazos establecidos; el jefe de gobierno o primer ministro puede en una mala movida o circunstancia perder el voto de confianza de la casa de los comunes y provocar elecciones nacionales y cambiar el gobierno y la composición de la cámara parlamentaria y de partidos. Sin embargo, la burocracia que manejaba el aparato administrativo tenía que seguir trabajando a como dé lugar, independientemente de las circunstancias políticas del país. Pues los ingleses decidieron por una educación basada en los clásicos, en el conocimiento de las obras que hablaban sobre el poder, el buen gobierno, la ética, la responsabilidad, el deber. Y formó el país sobre el cual Inglaterra se sostiene, que hoy ha cambiado, en parte, porque se educa de diferente manera a sus servidores públicos.
Para el siguiente gobierno nacional o cualquier otro gobierno local subsecuente, debe tratarse este tema de gran envergadura: la separación de la planeación del territorio y urbana del gobierno. Si del caso contrario, el país se sumirá en la emergencia perpetua, en la improvisación y en la arbitrariedad.
