EN MI OPINIÓN / UNA PROCURADURA DE JUSTICIA

Por Arturo Rubio Ruiz

 

Aprovechando la apertura que ha dado el gobernador electo del Estado, desde las organizaciones de la sociedad civil, habremos de gestar un ejercicio de participación en la conformación de la terna que presentará el ejecutivo al Congreso local para la designación de quien tendrá la responsabilidad de encabezar la institución encargada de procurar justicia en la entidad.

La idea es que sean los ciudadanos, en forma individual o a través de un colegio o asociación, quienes propongan candidatos a integrar la terna. Necesitamos los mejores perfiles para que la selección que haga el Congreso local garantice que tendremos al frente de la Procuraduría o en su caso Fiscalía Estatal, a quien represente la mejor opción para el encargo.

Buscamos ciudadanizar el proceso de selección de los mejores perfiles. El objetivo central es lograr que —para integrar la terna—, el gobernador electo tenga un abanico amplio de opciones, generadas a partir de nuestras propuestas para propiciar así que la selección sea la más adecuada. Nuestra participación en este ejercicio es el principio del proceso que culmina con la desaparición del dedazo y la asignación por encargo, compromiso, prebenda o compadrazgo.

Desde el Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines de BCS, invitamos a todos los interesados en formular una propuesta que nos hagan llegar, indicando el nombre completo de la persona que proponen para el cargo, acompañada de sus datos de localización, hoja curricular y una pequeña semblanza que apunte las razones por las que le consideran el candidato idóneo para el cargo.

El candidato puede ser de sexo masculino o femenino, por supuesto, pero consideramos en el Colegio que la designación debe recaer, por primera vez en la historia de la entidad en una mujer, no por una cuota de asignación a partir de caracteres cromosómicos, ni por atender a una corriente que impone paridad en las asignaciones.

Más allá de esas cuestiones, consideramos que la problemática que plantea la procuración de justicia en el Estado requiere refrescar las perspectivas en una entidad donde el segmento poblacional femenino es el más afectado por la criminalidad, y un enfoque femenino sería más empático con las víctimas de los delitos de mayor incidencia —abuso sexual, violencia doméstica y robo—, sin soslayar al feminicidio, y el pesado espectro de las desapariciones forzadas donde las víctimas secundarias son mujeres en su gran mayoría, como lo reflejan las agrupaciones que organizan regularmente las operaciones de búsqueda, generalmente, con recursos propios y con grandes carencias y limitaciones.

Buscamos que la propuesta recaiga mayoritariamente en profesionales del derecho, preferentemente de sexo femenino, con experiencia en el campo del derecho penal, con formación y capacitación específica en las materias propias del encargo, de solvencia moral comprobada, con dominio pleno y manejo adecuado de la legislación sustantiva y procesal, local y nacional; que conozca la problemática social de la entidad, en cada una de las regiones que conforman nuestra geografía, con disposición de trabajo y dedicación 24/7. Debe estar familiarizada con la dinámica laboral y la problemática interna de la Procuraduría de Justicia. Deberá ser capaz de darle continuidad a todo aquello que está funcionando bien y corregir las deficiencias, muchas de ellas añejas, de las que tanto adolece la procuración de justicia en la entidad.

Invitamos pues, a la ciudadanía en general, a los colegios, y asociaciones en particular para que formulen sus propuestas, ya sea directamente al gobernador electo, o por nuestro conducto, para ello enviándolas al correo electrónico del Colegio, [email protected], o vía WhatsApp al 6121590095. Nosotros haremos llegar al próximo mandatario estatal todas las propuestas que amablemente nos envíen.

La fecha límite para la recepción de sus propuestas es el 30 de agosto. Una vez entregadas las mismas, publicaremos los nombres y perfiles de los profesionistas propuestos que así nos lo autoricen. La participación ciudadana en los procesos de asignación de funcionarios estatales es un ejercicio democrático que nos permite mejorar sustancialmente la administración pública local.

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